El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe presentó este jueves la acusación formal contra el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Fabián Sain, para quien adelantó un pedido de condena de 11 años de prisión, como jefe de una asociación ilícita dedicada a espiar a políticos, empresarios, sindicalistas, militantes y abogados, entre otros. Además, el pedido de condenas se extiende a otros seis integrantes de la misma cartera, durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti.
El escrito ingresó este 28 de noviembre a las 00.35 por sistema, ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad capital, donde se encuentra radicada la causa que lleva adelante el fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, Ezequiel Hernández. Aunque no trascendió, la acusación completa consta de 404 fojas y fue presentada junto a la documental y medios de prueba materiales.
En tanto, este viernes comenzó a circular una breve reseña con la información de cada uno de los imputados en la causa, sus datos personales y cargo público que ocupaba al momento de la investigación. Además, constan los delitos que se les atribuye y los pedidos de condena que van de los 3 años y medio a los 11 años de prisión.
Nombre por nombre
En total son siete los implicados, quienes al entender de la Fiscalía habrían formado parte de una asociación ilícita con carácter piramidal, en cuya cúspide se encontraba el ex ministro Sain y las dos organizadoras.
En orden de importancia, al ex ministro y director del Organismo de Investigaciones (OI) le siguen Nadia Schujman, exasistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional; y Débora Vanina Cotichini, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones, ambas con pedido de condena de 9 años de prisión.
Un escalón por debajo de ellas está el exsecretario de Seguridad Pública de la provincia, Esteban Germán Montenegro, para quien el MPA reclama 7 años de cárcel.
Se solicitan 5 años de pena para Pablo Andrés Álvarez, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia; y Diego Alfredo Rodríguez, exsubsecretario de Control Institucional de la provincia. En último término está Milagros Bernard, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional provincial, con un pedido de condena de 3 años y 6 meses.
“Perfilamientos”
La empresa criminal se dedicaba a confeccionar “informes de inteligencia”, dirigidos contra funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; empresarios; sindicalistas; militantes sociales; abogados y otros profesionales; algunos periodistas; el entorno familiar de muchas de estas personas, y una gran cantidad de personas jurídicas (públicas y privadas).
Dichos “informes” eran utilizados para “perfilar” personas que pudieran estar relacionados con los círculos de poder santafesino y para ello se recopilaron datos que van desde “multas de tránsito hasta antecedentes penales, registros de salidas al exterior, bienes, capacidad financiera y hasta publicaciones en redes sociales”, según trascendió.
De acuerdo con la investigación, también incorporaron información de familiares y allegados de las personas “perfiladas” y utilizaron bases de datos públicas y privadas (abiertas y de acceso restringido); legajos y expedientes penales e información obtenida en “tareas de calle”.
Durante dos años
La actividad ilegal habría transcurrido durante dos años, entre el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Según plantea el fiscal, “la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el Organismo de Investigaciones)”.
De acuerdo con lo que sostiene el fiscal Hernández en la acusación, “el objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas, motivo por el cual, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
En todos los casos, se solicitó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena a cada uno de los acusados.
Torturas y vejaciones
Por último, el ex ministro Sain fue acusado por dar órdenes a la policía –y la omisión de control– para que realice torturas o vejaciones a personas privadas de su libertad. Según la investigación, “en reiteradas oportunidades, el exministro de Seguridad imputado dio expresas órdenes de someter a tortura o vejaciones a personas privadas de su libertad”. La acusación también señala que “gran parte de esas indicaciones fueron formuladas a otros imputados e imputadas, quienes cumplieron lo indicado”.
Y también se los acusa de destruir gran cantidad de documentos públicos y utilizar información y evidencia proveniente de causas judiciales con fines distintos a la investigación penal.
Lista completa:
Marcelo Fabián Sain: hombre, 59 años, exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones
Delitos: Asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público)
Pedido de pena: 11 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Nadia Schujman: mujer, 48 años, exasistente técnica Nivel I del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional
Delitos: Asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionaria pública) y destrucción de documentos y elementos de prueba.
Pedido de pena: 9 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Débora Vanina Cotichini: mujer, 48 años, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones.
Delitos: Asociación ilícita en carácter de organizadora; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.
Pedido de pena: 9 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Esteban Germán Montenegro: hombre, 57 años, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia
Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba y violación de secretos.
Pedido de pena: 7 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Pablo Andrés Álvarez: hombre, 37 años, exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia
Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Pedido de pena: 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Diego Alfredo Rodríguez: hombre, 44 años, exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia
Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las leyes; destrucción de documentos y elementos de prueba.
Pedido de pena: 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Milagros Bernard: mujer, 31 años, excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia.
Delitos: Asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la Ley Nacional de Inteligencia número 25.520; abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y violación de sellos calificada (por ser funcionaria pública abusando de sus funciones).
Pedido de pena: 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena
Con información de El Litoral
