La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó un nuevo revés en los tribunales. El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 dictó una medida cautelar que suspende el artículo 101 de la normativa, el cual calificaba a la educación como «servicio esencial». Esta categoría obligaba a los gremios docentes a garantizar un 75% de actividad normal durante cualquier medida de fuerza, limitando severamente el derecho a la huelga.
El fallo del juez José Ignacio Ramonet responde a un pedido de la Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero. La resolución tiene alcance nacional y congela temporalmente la restricción de derechos sindicales que se pretendía imponer bajo el rótulo de esencialidad.
Desde la conducción de UDA emitieron un comunicado advirtiendo que el espíritu de la reforma chocaba de frente con las garantías constitucionales y la libertad de acción del sector.Romero, referente de la CGT, celebró la decisión judicial y remarcó que la prioridad de la gestión pública debe ser la inversión educativa y no el recorte de libertades: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas; no restringir derechos colectivos que justamente buscan proteger esas condiciones”, sentenció el dirigente.
Resoluciones judiciales en cadena
Con este fallo, ya son cinco las resoluciones adversas para la ley sancionada por el Congreso hace apenas un mes. Cabe recordar que, días atrás, la Justicia laboral ya había suspendido provisionalmente más de 80 artículos tras un amparo de la CGT, afectando puntos clave como la ultraactividad, los aportes sindicales y las multas indemnizatorias.
Voces locales
El impacto de estas novedades legales también resonó en la región. Claudio García, secretario adjunto del sindicato de encargados de edificio de Santa Fe, destacó el respaldo judicial a la central obrera: «Es un reconocimiento clave a la CGT como la representante legítima de los trabajadores ante este proceso de modernización», señaló.
Por su parte, Claudia Indiviglia, titular del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), calificó la cautelar como un hito institucional: “No es una jugada política, es el Poder Judicial actuando dentro de sus facultades para poner límites”, concluyó.
