El Gobierno Nacional aceptó modificar el proyecto de Inocencia Fiscal II para excluir a los funcionarios públicos de los principales beneficios del régimen, una concesión clave ante los bloques aliados en la Cámara de Diputados para lograr destrabar la iniciativa y conseguir dictamen.
La propuesta en discusión establece una clara diferencia entre los contribuyentes comunes y el personal jerárquico del Estado. Los funcionarios podrán adherirse al esquema simplificado para saldar obligaciones tributarias, pero quedarán estrictamente afuera de las presunciones y de los efectos liberatorios que prevé la ley original.
El texto original no incluía este cepo para el sector público. Sin embargo, la presión opositora y dialoguista escaló tras el escándalo de junio de 2026, cuando el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias justo antes de presentar su declaración jurada, encendiendo alarmas por posibles sospechas de beneficio propio.
Los cambios se cocinan contra reloj en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. Las restricciones bajo análisis apuntan especialmente a quienes hayan ocupado cargos en los últimos años, impidiéndoles usar el mecanismo para justificar o exteriorizar de forma retroactiva fondos que nunca habían sido declarados.
Aunque la meta central de Inocencia Fiscal II es modificar la fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros ocultos, el oficialismo debió ceder para no fracasar en el Congreso. En paralelo, se revisan también las condiciones generales de acceso y las vías para regularizar inconsistencias detectadas por ARCA antes de llevar el proyecto definitivo al recinto.
