La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario desató fuertes internas en el Gobierno. En el oficialismo abundan los cuestionamientos hacia la estrategia trazada por sus operadores judiciales. El revés es sumamente costoso para La Libertad Avanza: la normativa, que actualiza los fondos para las casas de estudio, demanda 1.3 billones de pesos, una partida con la que el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya advirtió que no cuenta, obligándolo a recalcular los números oficiales.
La molestia en Balcarce 50 radica en que el Ministerio de Capital Humano mantenía diálogos sólidos con los rectores para avanzar en un nuevo proyecto de ley alineado con el equilibrio fiscal. Sin embargo, el debate parlamentario se demoró, algo que dentro del espacio atribuyen al plan diseñado por los operadores de la órbita del Ministerio de Justicia y ciertas autoridades del Congreso. Estos actores aseguraban con optimismo que el máximo tribunal tendría un «gesto» para darle «aire» a la gestión de Javier Milei. La resolución destruyó esa expectativa y encendió las quejas internas, agravadas por el hecho de que el oficialismo había sellado días atrás un acuerdo con las universidades para cumplir parcialmente la ley.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo del Estado al considerar inadmisible el recurso, ya que estaba dirigido contra una cautelar y no contra una sentencia definitiva. Con este fallo técnico y procesal, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la validez de la ley o del Decreto 759/25, pero obligó al Ejecutivo a ejecutar los fondos de manera inmediata.
