El notable crecimiento patrimonial del funcionario Manuel Adorni, justificado públicamente por inversiones en Bitcoin realizadas hace más de una década, sembró fuertes interrogantes en el sector tecnológico. Agustín Mario Giménez, especialista en Inteligencia Artificial y negocios digitales, analizó las cifras declaradas y aseguró que la explicación oficial carece de consistencia matemática.
Según el experto, una inversión inicial de 200.000 dólares efectuada en 2014 no coincide con la ganancia de 300.000 dólares reportada al final del ciclo. Durante ese año, la criptomoneda cotizaba a tres cifras y el capital declarado permitía adquirir entre 220 y 520 bitcoins. Incluso vendiendo en los peores escenarios de la caída de 2018, el resultado debió cuadruplicar la ganancia declarada por el funcionario.
Los datos públicos disponibles en la blockchain y las cotizaciones sugieren que la operatoria real se ejecutó mucho más tarde. Los movimientos registrados en la billetera virtual investigada comenzaron recién en agosto de 2017 y finalizaron en abril de 2018. El especialista detalló que las compras registradas corresponden a un total de 15 bitcoins por un valor cercano a los 54.000 dólares, una cuarta parte del capital que el entorno de Adorni afirma haber invertido originalmente.
Giménez derribó además el mito de que las transacciones de aquella época son invisibles o imposibles de rastrear. Explicó que mover semejante cantidad de dinero hacia plataformas de intercambio de la época, como Xapo, requería obligatoriamente transferencias bancarias que dejan huellas en el sistema financiero tradicional. Asimismo, recordó que la blockchain es un libro contable público, permanente y auditable, por lo que la veracidad de la historia se resolvería de forma trivial exhibiendo públicamente las direcciones de las billeteras utilizadas.
Para dimensionar la escala del negocio, el analista contextualizó que en 2014 una posición de 200.000 dólares hubiese ubicado a Adorni entre los mayores poseedores de criptomonedas del planeta. En ese entonces, el mercado local era sumamente reducido y una operación de esa magnitud habría sido imposible de realizar de manera anónima dentro de una comunidad compuesta por unas pocas decenas de personas. La inconsistencia de las fechas y los montos mantiene bajo la lupa judicial la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Fuente: Noticias Argentinas
