La Justicia federal dio un paso decisivo en la causa que investiga presunto lavado de dinero en Sur Finanzas. Tras los informes de la DGI, se ordenó congelar cientos de cuentas vinculadas a monotributistas catalogados como “falsos”, utilizados —según la hipótesis judicial, para mover fondos millonarios sin justificación y ocultar a los verdaderos dueños del dinero. Las medidas también alcanzan al financista Ariel Vallejo, dueño de la firma, y a parte de su núcleo familiar, sobre quienes pesan embargos y pedidos de informes patrimoniales.
El foco está puesto en jóvenes inscriptos en las categorías más bajas del monotributo que manejaron cifras completamente incompatibles con su capacidad económica declarada. El caso más representativo es el de Ignacio M., categoría D, que declaró facturación menor a $5 millones en 2024 pero movió más de $120 mil millones a través de billeteras virtuales, operaciones bancarias y cuentas asociadas a Sur Finanzas. Situaciones similares se repiten en otros contribuyentes, con montos que van de los $5 mil millones a los $17 mil millones, pese a no contar con actividad comercial real ni patrimonio acorde.
Los investigadores sostienen que el mecanismo se apoyaba en “contribuyentes apócrifos” que canalizaban grandes volúmenes de efectivo hacia cuentas de la financiera, con parte del circuito operado mediante criptomonedas. Ante este escenario, la Justicia dispuso un extenso paquete de medidas de prevención patrimonial que incluye comunicaciones al BCRA, la UIF, la Inspección General de Justicia, registros de propiedad, automotor, aeronaves y embarcaciones, además de organismos bursátiles como la CNV y BYMA.
El objetivo es bloquear activos, identificar bienes y preservar evidencia mientras avanza la investigación central por presunto lavado, evasión y maniobras financieras irregulares. Con el congelamiento masivo de cuentas, la causa entra en una etapa clave para reconstruir el flujo del dinero y determinar quiénes participaron del esquema y quiénes se beneficiaron de él.
