La Sesión Conjunta de las Cámaras de Diputadas y Diputados y de Senadores de Santa Fe resolvió este jueves remover de su cargo al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Gustavo Rodríguez y Barros.
La decisión se adoptó luego de un proceso disciplinario que había sido impulsado ante la Comisión Bicameral de Acuerdos y que concluyó con un dictamen favorable a la destitución por la causal de mal desempeño de sus funciones.
Además de la remoción, la Legislatura dispuso inhabilitar a Rodríguez y Barros durante 10 años para acceder nuevamente al MPA.
La sesión se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados y estuvo presidida por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.
Una denuncia por el supuesto robo de neumáticos
El expediente disciplinario se originó a partir de una acusación relacionada con una denuncia por el presunto robo de dos neumáticos de un vehículo perteneciente al fiscal.
La hipótesis que fue incorporada al proceso sostenía que el hecho podría haber sido simulado con el objetivo de obtener la reposición de los elementos por parte de una compañía aseguradora.
Ante las sospechas, el MPA realizó una consulta de oficio a la aseguradora y obtuvo una respuesta que fue incorporada a las actuaciones por presentar, según la investigación, indicios de irregularidad.
A partir de ese episodio se inició el proceso que posteriormente fue ampliado con otros cuestionamientos vinculados al desempeño del funcionario.
Denuncias por malos tratos a trabajadores
Durante el avance del procedimiento disciplinario también se incorporaron denuncias de trabajadores de la Fiscalía de San Jorge por presuntos malos tratos atribuidos al fiscal.
La Comisión de Acuerdos desarrolló las distintas instancias previstas para este tipo de procedimientos, con la recepción de testimonios y la posibilidad de que Rodríguez y Barros ejerciera su derecho de defensa.
El dictamen fue aprobado
El senador Raúl Gramajo, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Honorable Asamblea Legislativa, informó durante la sesión que el organismo había emitido por unanimidad un dictamen recomendando la remoción de Rodríguez y Barros.
El documento aconsejó separar al fiscal de su cargo por mal desempeño e inhabilitarlo por diez años para acceder al MPA.
Puesto a consideración del pleno, el dictamen fue aprobado mediante votación afirmativa. Se registraron abstenciones de los diputados Palo Oliver, Balagué, Del Frade y Cattalini.
Con esa votación, ambas cámaras formalizaron la destitución del funcionario.
También rechazaron un recurso de inconstitucionalidad
Antes de tratar la remoción, la Sesión Conjunta abordó un recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal del MPA María Verónica Roxana Ballari contra la Resolución N.º 37 de la Sesión Conjunta de Ambas Cámaras, de fecha 4 de junio de 2026.
La Comisión de Acuerdos había emitido un dictamen unánime recomendando declarar inadmisible el planteo.
El dictamen fue aprobado por el pleno con la abstención de los diputados Palo Oliver, Balagué y Del Frade.
De esta manera, la Legislatura también dejó firme la inadmisibilidad del recurso presentado por Ballari.
El final de un proceso disciplinario
La destitución de Rodríguez y Barros representa el cierre de una investigación legislativa que comenzó a partir de cuestionamientos sobre su conducta y desempeño como integrante del Ministerio Público de la Acusación.
La resolución se tomó luego de completar las instancias de análisis, recopilación de pruebas, declaración de testigos y defensa del funcionario.
A partir de ahora, Rodríguez y Barros queda separado del cargo y no podrá volver a acceder al MPA durante 10 años, según lo establecido por la Sesión Conjunta.
La decisión legislativa se fundamentó en la causal de mal desempeño de sus funciones, sin perjuicio de las investigaciones judiciales que pudieran corresponder por los hechos que dieron origen a las denuncias.
