La aplicación de aumentos a los valores mayorista de la energía eléctrica y el precio del gas en boca de pozo, que iba a impactar en el próximo índice inflacionario, fue postergada por el gobierno nacional. Las actualizaciones previstas para abril tendrán lugar recién en mayo.
Así había sido anunciado por la Casa Rosada tras las audiencias públicas que pusieron en marcha (como sucedía en la década del ’90) el proceso de «Revisión Quinquenal Tarifaria» o RQT, que apenas se ha puesto en práctica dos veces desde que fueron privatizados esos servicios.
En el caso del gas, con jurisdicción y concesiones nacionales en todo el país en materia de distribución, y en el de la electricidad, solo en Edenor y Edesur.
Las revisiones cada cinco años (como los viejos planes quinquenales del primer peronismo) fueron diseñadas durante otro gobierno peronista, el de Carlos Menem, y resultaban una forma de premiar la inversión.
En ese esquema, las tarifas eran más caras de acuerdo con los planes y la ejecución de las mejoras comprometidas en la infraestructura energética. Sin embargo, con la explosión de la Convertibilidad en 2001 y 2002, al terminar la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, se sepultaron todas las chances de volver a lo que los contratos de concesión habían previsto.
Incluso, aún antes del corralito de De la Rúa y el Corralón de Duhalde ya habían sido suspendidas esas metas y desarrollos, porque hubieran implicado aumentos cuyos números sencillamente no cerraban por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Demora
Ahora el objetivo es sanear el mercado eléctrico y del gas, y disponer incrementos para que haya inversión genuina. Se trata de aumentos que van más allá de los dos puntos o punto y medio que sigue el ritmo inflacionario en el terreno mayorista.
Con las revisiones quinquenales ya discutidas en audiencias públicas, se ha diseñado un plan de obras para superar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su conurbano bonaerense los apagones de Edenor y Edesur. Ambas empresas han presentado sus planes de inversión, atados a una actualización de tarifas, pero todavía no han tenido una respuesta.
Y lo mismo sucede con el gas natural. En el caso de la concesionaria que actúa en la Provincia de Santa Fe y el norte de la Provincia de Buenos Aires, se trata de un programa de inversiones por obras de expansión estimadas en 120 millones de dólares, para beneficiar a más de 30.000 hogares.
Aquí se propone culminar el Gasoducto Regional Centro II para Rafaela y Sunchales con 140 km de gasoducto desde Recreo hasta Sunchales, pasando en su recorrido por Esperanza, Rafaela y otras localidades cercanas. Más aún, ese emprendimiento es un ejemplo de cómo regulaciones cambiantes y crisis económicas postergan obras.
Su construcción se inició en 2018 pero posteriormente quedó detenida y no se avanzó con las 13 estaciones reductoras previstas. Por otra parte, para el sur de Santa Fe se plantea la conexión a Albarellos, Uranga y Santa Teresa, con 28 km de gasoductos y sendas estaciones.
La novedad es que por ahora, no se pondrá en marcha el plan de RQT. Se espera poder hacerlo en mayo. Voceros extraoficiales de los entes reguladores del gas y de la electricidad a nivel nacional han dejado trascender que hay una demora en completar los futuros cuadros tarifarios, por razones técnicas.
Pero frente al tema, la lectura mayoritaria ata esa postergación a los esfuerzos del Ministerio de Economía frente a la inflación o mejor respecto de su índice.
En estudio
En el discurso oficial nacional hoy se evita la palabra «subsidios», aunque se los aplique. Y más si se trata de un «subsidio cruzado» de unos usuarios a otros en materia de servicios públicos.
Es casi un herejía para autoridades, funcionarios y militantes de las auto proclamadas «fuerzas del cielo». Pero un esquema de ese tipo se planea a nivel de la Secretaría de Energía de la Nación, según se insiste en la prensa nacional especializada en estos temas.
Desde hace más de un mes se publican planes en ciernes en los que para compensar a las distribuidoras de gas natural de todo el país, se les otorgue solo la posibilidad de producir aumentos a los usuarios industriales y a los usuarios del Gas Natural Comprimido, el GNC.
A cambio, no habría subas ya pautadas para los hogares, es decir, los usuarios residenciales. Habrá que ver si ese rumor se confirma y de hacerlo, a qué segmentos de la demanda alcanza. Si se aplica solo para los N2, y N3, familias con menos ingresos económicos y sectores medios. O también llega a los N1 de altos ingresos. En rigor, todos votan.
