El gobierno nacional recibió un nuevo revés de la Justicia, que le exige el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario. Este martes, el juez Martín Cormick dispuso una medida cautelar que dejó provisoriamente sin efecto el decreto 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se había suspendido la aplicación de la norma pese a la insistencia del Congreso.
La resolución judicial se conoció apenas una semana después de que el oficialismo sufriera un golpe legislativo sobre el mismo tema, cuando la Cámara de Diputados eliminó del Presupuesto 2026 el artículo que habilitaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
La cautelar fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y tramitada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. En su fallo, Cormick ordenó al Ejecutivo nacional actualizar las partidas presupuestarias destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, tal como lo establece la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) celebraron la decisión judicial, que exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a los salarios docentes y la asistencia económica a estudiantes. Su presidente, Joaquín Carvalho, calificó la resolución como “un hecho muy importante” y sostuvo que sienta un precedente clave. “Una semana después de que el Gobierno quiso nuevamente llevarse puesta la institucionalidad con el artículo 75 del presupuesto, esta disposición marca un límite”, expresó.
Carvalho agregó que el fallo “es un golpe para el Gobierno, pero sobre todo una esperanza para docentes, no docentes y estudiantes, que vienen luchando desde hace mucho tiempo”.
Los argumentos del juez
En su resolución, Cormick aclaró que la medida es “excepcional”, ya que altera el estado de hecho y de derecho existente y configura un anticipo de jurisdicción respecto del fallo final. El magistrado consideró que la insistencia del Congreso para sancionar la ley constituye una actuación positiva de la autoridad pública, y cuestionó que el Poder Ejecutivo haya fundamentado la suspensión en una norma de menor jerarquía, como la ley 24.629.
El juez también ponderó el “peligro en la demora”, vinculado al deterioro del poder adquisitivo de los salarios docentes, y advirtió que ese deterioro no solo afecta a los trabajadores, sino también al derecho a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En contraste, señaló que el ahorro fiscal por no aplicar la ley sería “poco significativo”, ya que su impacto rondaría el 0,23% del PBI, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Otro fallo en la misma línea: discapacidad
La decisión sobre el financiamiento universitario se suma a otro fallo reciente de la Justicia Federal, que ordenó la inmediata aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. A mediados de diciembre, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendía esa normativa, también sancionada por el Congreso.
La sentencia ordenó aplicar en todo el país la ley 27.793, aprobada tras reiterados reclamos y amparos judiciales frente a recortes en un área de alto impacto social.
El Presupuesto 2026 y la postura del Gobierno
Pese a estos reveses, La Libertad Avanza logró dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado, aunque sin incluir el capítulo rechazado por Diputados que contemplaba la derogación de ambas leyes. El debate está previsto para el 26 de diciembre, junto con el proyecto de inocencia fiscal.
El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, aunque reiteró que el déficit cero es innegociable. “Vamos a acomodar las partidas por la vía de la reasignación de gastos o la reformulación de recursos”, sostuvo, y remarcó que el equilibrio fiscal se mantendrá “sin subir impuestos”.
Fuente: Uno Santa Fe
