El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe difundió la resolución 002 firmado por el titular de la cartera, Pablo Cococcioni, por la cual no solo se dispuso el bloqueo de las funciones administrativas por 90 días que se dio a conocer este martes por la mañana, sino que además restringió el uso de licencias por parte del personal policial santafesino por el mismo lapso de tiempo.
«Es indispensable llevar a cabo medidas de excepción vinculadas con la situación de emergencia operativa por la que atraviesa la provincia», señala en los considerandos.
Acota que el personal que se encuentre trabajando en tareas administrativas será reasignado a tareas eminentemente operativas; quedando la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Jefatura de Policía, facultada a intervenir en todos los organismos y dependencias policiales de la Provincia para garantizar que lo dispuesto sea pasible de ejecución, no existiendo impedimentos que obstaculicen la gestión».
Son tres los puntos de la resolución: Declarar el bloqueo total de las funciones administrativas, suspendiendo y/o desafectando, por el plazo de 90 días, al personal de las Fuerzas de Seguridad que se encuentre desempeñando tareas administrativas en las distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe; quedando afectados a tareas eminentemente operativas y a disposición de las autoridades máximas de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
El segundo suspende por el plazo de 90 días, el uso de licencias por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, en razón de las medidas de excepción vinculadas con la situación de emergencia operativa de la Provincia de Santa Fe.
El último, faculta a la Secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio a la realización de una auditoría de las funciones administrativas – policiales, por el plazo de 90 días; quien finalizado dicho plazo, deberá elevar al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia un informe con las conclusiones y propuestas para reestructurar en la órbita civil y/o transferir a terceros funciones administrativas innecesarias, superfluas y que puedan ser cumplidas sin afectar la disponibilidad de recursos policiales.
