Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/24, el gobierno de Javier Milei le dio «marco jurídico» a parte del recorte de las llamadas «transferencias discrecionales» a provincias, que ya venían verificando las cuentas de la administración de Maximiliano Pullaro. Santa Fe ha dejado de recibir unos $1000 millones al mes por la parte que la Nación debe cubrir del déficit previsional provincial, y otros $1400 millones cada 30 días por la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.
La publicación en el boletín oficial de esta medida no significan un nuevo recorte sino la consolidación -cuestionable- de lo que ya viene sucediendo desde enero. La supresión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de fondos para Salud o comedores escolares, son parte de «la motosierra» que el libertario aplicó a los estados subnacionales. Sólo el programa Hora 25 se salva en parte de esos ajustes.
¿Puede unilateralmente el presidente, por decreto, hacer los recortes? En el caso de la compensación por el rojo previsional, es una obligación nacional. Desde 1992, el gobierno central recibió cajas jubilatorias de 11 provincias que no podían pagar los haberes, por lo que se hizo cargo la Anses. Por ley 25235, el Estado nacional se obligó a «compensar» proporcionalmente a aquellas 13 provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios.
En 1999, por ley 25235, se dispuso que el Estado nacional financiaría con Rentas Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, siempre y cuando «armonizaran» sus haberes con los de la Anses, cláusula que pasó de inconveniente a imposible cumplimiento.
En 2016, la ley nacional 27260 hizo un nuevo intento por acuerdos para «compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional en cuanto al financiamiento que será atendido por el presupuesto nacional». En 2018, la ley 27.431(acuerdo de Macri con gobernadores) dejó el cálculo en manos de la Anses, con algunas garantías a las provincias.
La ley de presupuesto 2023 que Milei prorrogó para gobernar este año, establecía en su artículo 92 que «la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas».
A su vez, cada anticipo mensual debía incluir su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). «Para calcular dicha actualización se considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota».
Pero además, en su artículo 93, la misma norma disponía que «una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago».
Esos dos artículos, junto a la eliminación del fondo del transporte, ya estaban incumplidos -incluso antes de la gestión Milei- y son los que ahora el presidente deja sin efecto mediante el DNU 280/24.
En la Casa Gris llamó la atención de que algunas provincias hayan reaccionado recién ahora, con el decreto, cuando al menos a Santa Fe los recortes para el caso de la compensación del déficit previsional se verifican desde principios de año. En todo caso, en el gobierno santafesino analizan que Milei pone la obligación nacional «en la licuadora» con el decreto, y deja que avance un conflicto en el que Santa Fe tiene buenos argumentos legales, pero que no se podrán imponer sino mediante acuerdos políticos (la presión nacional de cara a la ley de Bases) o disputas judiciales que llevarían años.
Info: El Litoral.
