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Ofensiva oficialista por la reforma laboral: Santilli inicia una gira federal mientras la CGT busca bloquear el proyecto en las provincias

En un inicio de semana clave para la agenda legislativa de 2026, el Gobierno acelera su estrategia para asegurar la sanción de la reforma laboral. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza una intensa gira federal que comienza este lunes en Chaco, donde se reunirá con el gobernador Leandro Zdero. El objetivo central es blindar los apoyos necesarios de cara al reinicio de las sesiones extraordinarias el próximo 2 de febrero.

La agenda de Santilli continuará el martes en Casa Rosada con la recepción del pampeano Sergio Ziliotto, quien, si bien mantiene el diálogo, ya adelantó que no acompañará los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y reclamará por deudas previsionales de Nación. El miércoles, el ministro viajará a Chubut junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para supervisar las zonas afectadas por incendios, y el jueves retomará la rosca política en Mendoza con el aliado Alfredo Cornejo.

El contraataque de la CGT

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha lanzado su propia contraofensiva. Mientras mantiene el frente judicial para declarar la inconstitucionalidad de la norma, la central obrera iniciará un recorrido por Tucumán, Salta, Catamarca y Córdoba. Su misión es persuadir a los gobernadores de que rechacen el proyecto oficialista, marcando una fuerte resistencia territorial.

Claves del oficialismo para febrero 2026:

  • Diálogo con gobernadores: Santilli tiene en carpeta reuniones con Jalil, Frigerio, Jaldo, Sáenz y otros mandatarios para garantizar los votos en ambas cámaras.
  • Respaldo empresarial: Desde Mar del Plata, la senadora Patricia Bullrich (LLA) defendió la reforma asegurando que el sector privado reclama el fin de los juicios laborales que «funden empresas».
  • Mesa política: El próximo viernes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezará la primera reunión de mesa política del año para coordinar los pasos finales antes del debate en el Congreso.

Con el apoyo de las cámaras empresariales y una estrategia de «seducción» a los mandatarios provinciales, el Gobierno busca un triunfo legislativo definitivo que modifique las condiciones de contratación e informalidad en el país.

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