Tras una maratónica sesión de más de 11 horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares. Con la presencia de Karina Milei en los balcones del recinto, el oficialismo logró sancionar esta iniciativa clave para el sector minero con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
Los puntos clave de la reforma
La nueva normativa redefine los alcances de la protección de los glaciares y las zonas periglaciales. El núcleo del cambio radica en la flexibilización de las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en áreas antes restringidas.
Uno de los puntos más debatidos fue la transferencia de facultades a las provincias para realizar estudios de «segundo y tercer nivel» sobre sus territorios. Según los impulsores del proyecto, como el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), la ley busca «aclarar conceptos» y permitir inversiones en zonas que, aunque inventariadas, podrían no cumplir una función hídrica estratégica.
El mapa de la votación
La Libertad Avanza consolidó el triunfo gracias al apoyo del PRO, la UCR e Innovación Federal, entre otros bloques aliados. El dato político de la jornada fue la fractura en la oposición: el oficialismo logró captar los votos de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica, pertenecientes a Unión por la Patria.
En la vereda opuesta, el rechazo fue liderado por el grueso de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Diputados como Adriana Serquis advirtieron sobre el impacto ambiental, señalando que la reforma afecta cuencas que abastecen a millones de habitantes, mientras que Germán Martínez criticó lo que calificó como un «federalismo de desintegración».
Cruces y apartamientos
El inicio de la sesión estuvo marcado por la tensión. La oposición fracasó en varios intentos de apartamiento de reglamento, donde buscaban:
- Repudiar la quita de acreditaciones a medios de prensa.
- Interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
- Citar a Karina Milei por el denominado «caso Libra».
Con esta sanción, el Gobierno nacional anota un triunfo legislativo estratégico que apunta a destrabar grandes inversiones mineras en la zona cordillerana, pese a las advertencias de diversos sectores sobre una inminente judicialización de la norma por su carácter regresivo en materia ambiental.
