El gobernador Maximiliano Pullaro iniciará su segunda semana de mandato compartiendo escenario con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, precisamente en el epicentro de las preocupaciones vinculadas al avance de la inseguridad y el narcotráfico, la ciudad de Rosario.
En los pocos días transcurridos desde que ambos asumieron, ya será el segundo encuentro. Antes de eso, el jueves, Pullaro y el intendente Pablo Javkin fueron recibidos por la funcionaria, a quien el gobernador le solicitó conducir el Comando Operativo Conjunto (COC) de fuerzas federales y provinciales en Rosario, como lo fija la Ley de Seguridad Interior. «Eso nos va a permitir saber qué es lo que hace cada uno de los hombres y mujeres de las fuerzas federales en el territorio, armando un operativo conjunto y coordinando con la policía. De esa manera vamos a ser mucho más eficientes», justificó el mandatario.
El puntapié inicial de esa iniciativa se dará en las próximas horas, y con el correr del tiempo se espera más precisiones sobre el curso de acción a seguir. Por lo pronto, Pullaro dio indicios al respecto con la sanción de un paquete legislativo (principalmente emergencia y narcomenudeo, un tema que genera controversia dentro del Poder Judicial), las intervenciones penitenciarias y el anuncio de que se retomará la descuidada investigación de delitos complejos. Una fuerte base de proyectos espera turno en la Legislatura, que a tal efecto funcionará desacostumbradamente en enero, y también emprendimientos mayúsculos: eficientizar la policía, fortalecer el Ministerio Público de la Acusación y «recalibrar» el funcionamiento de la Justicia, incluyendo la cuestión de la composición de la Corte Suprema.
La impronta dada por el mandatario a la agenda de seguridad se vio avalada (paradójicamente, al mismo tiempo que intentó ser contrarrestada) con nuevos atentados y amenazas a su persona; reacciones y resistencias que confirman la escala de prioridades.
De todos modos, esta agenda estuvo inserta en una primera semana de mandato con un acelerado nivel de actividad, tan consecuente con el propósito de dejar demostradas desde el inicio la voluntad de cumplir las promesas de campaña y la vocación de «trabajar, trabajar y trabajar», como desafiado por el embate inflacionario y el impacto de las primeras medidas del gobierno nacional. Otro foco de gestiones y eventuales conflictos en el tironeo por los recursos, que tiene un marco general, pero también un interés específico en lo que tiene que ver con las transferencias vinculadas a sostener el agobiante déficit de la Caja de Jubilaciones. La cuestión fue motivo de una primera convocatoria presidencial a los mandatarios provinciales, y forma parte de las cuestiones inmediatas a resolver.
Por lo demás, una enumeración solamente ejemplificativa de las decisiones y acciones tomadas en los pasados siete días basta para producir mareo: derogación del mecanismo de escolar de no repitencia, baja de nombramientos en la justicia comunitaria, medidas para afrontar la emergencia hídrica en distintos distritos, vaciamiento de comisarías y desafectación del personal policial de tareas administrativas para volcarlos al patrullaje, restitución de los pabellones para presos de alto perfil, y una serie de iniciativas parlamentarias, ya en curso. Todo esto más allá de gestiones con funcionarios nacionales y locales, y en el marco de un plan de acción para los primeros 20 días que, como para aumentar su rendimiento, tiene inicio diario a primera hora de la mañana.
Un nivel de actividad casi frenético, cuya efectividad se podrá apreciar con el tiempo, pero que sumado al contacto diario con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, afianza la imagen de gestión y aumenta su hándicap. Un marcado contraste con el desenvolvimiento de la gestión nacional, que inevitablemente proyecta un gran signo de interrogación sobre toda la sociedad y en buena medida también sobre el escenario en que estará parado (pero evidentemente no quieto) el gobierno provincial.
