El Congreso de la Nación ya tiene ingresado el proyecto llamado de «ley antibarras», que el presidente Javier Milei envió luego de lo ocurrido en la movilización del miércoles pasado cuando, al entender del Ejecutivo, los desmanes que se registraron y que dispararon la represión policial, tuvieron su origen en la intervención de hinchas de fútbol pertenecientes a esta suerte de «asociaciones ilícitas deportivas», como pasarían a ser consideradas ahora.
La iniciativa, que fue presentada horas antes por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, está destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas de clubes de fútbol y castigar a dirigentes implicados, así como también a organizadores de espectáculos deportivos.
Concretamente, el texto propone la elevación en las penas en los siguientes casos:
– De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo;
– De tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas;
– De cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable;
– De cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego.
En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.
También, cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.
Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.
Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos «trapitos»: habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de «cuidacoches» elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.
La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.
Negocios y aprietes
Al presentar el proyecto, Bullrich relató que «el 2024 fue el año con más negativas de ingreso a las canchas, con más derechos de admisión aplicados y más capturas efectuadas» en el marco de partidos de fútbol. Sin embargo, aclaró: «Eso no alcanza porque las barras bravas se alquilan por dinero, son custodias en lugares de la economía informal, se meten en los negocios de camisetas y entradas, y plantean un clima de apriete permanente».
La ministra enfatizó que las penas también serán para «los dirigentes de los clubes que facilitan entradas, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan las entradas de armas a las canchas». «Hemos encontrado armas de fuego y armas blancas que pasaron los controles o estaban adentro unos días antes», aseveró.
La iniciativa enviada al Congreso lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y Patricia Bullrich. Esto surgió a partir del acompañamiento de miles de hinchas a la marcha de cada miércoles de los jubilados que terminó con incidentes en las afueras del Palacio Legislativo.
Para el Gobierno, los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad «fueron ocasionados por barras bravas» y por lo sucedido aquella tarde, se le aplicó el derecho de admisión a las canchas a 26 personas que fueron detenidas.
