La Cámara de Diputados iniciará este miércoles a las 10 el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, marcando así el comienzo del período de sesiones ordinarias 2026 tras la inauguración presidencial del pasado domingo. La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza llega con el impulso de la media sanción obtenida en el Senado durante febrero y comenzará su recorrido en la Cámara baja mediante una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los legisladores oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz. El Gobierno busca acelerar los tiempos legislativos para obtener el visto bueno definitivo, apoyándose en los acuerdos previos con gobernadores de provincias cordilleranas, aunque el escenario en Diputados se presenta complejo debido a las fisuras internas en los bloques aliados y la fuerte resistencia de diversos sectores.
El cronograma legislativo y la presión por audiencias públicas
El esquema de trabajo propuesto por el titular de la Cámara, Martín Menem, contempla una agenda intensiva que incluye la realización de audiencias públicas el próximo martes 10 de marzo para escuchar a especialistas y sectores afectados. Según la planificación oficial, el miércoles 11 se procedería a la firma de los dictámenes de comisión, con el objetivo final de convocar a una sesión especial en el recinto para el jueves 12 de marzo. Esta aceleración del debate responde a la urgencia de la Casa Rosada por habilitar nuevas inversiones mineras e hidrocarburíferas, pero ha chocado con la exigencia de la oposición, liderada por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y legisladores de Provincias Unidas, quienes solicitaron formalmente garantizar instancias de participación ciudadana ante lo que consideran un posible retroceso en los niveles de protección ambiental vigentes.
Tensión política y reclamos del sector ambientalista
La controversia central del proyecto radica en la redefinición de la protección periglacial, un punto que ha movilizado a organizaciones como Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estas entidades sostienen que la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales vulnera el principio de no regresión y pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce indispensables para la regulación climática. Desde la oposición advierten que un cambio de esta magnitud, que involucra ecosistemas estratégicos, no puede avanzar sin una transparencia institucional absoluta y un debate técnico profundo que contemple la voz de la sociedad civil. Mientras tanto, el oficialismo defiende la medida como una herramienta necesaria para priorizar el desarrollo productivo en provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, facilitando la llegada de proyectos mineros internacionales de gran escala.
Un escenario de paridad y final abierto en el recinto
El antecedente en el Senado, donde la ley fue aprobada con 40 votos a favor y 31 en contra, refleja la marcada polarización que genera la medida en el arco político nacional. El Poder Ejecutivo confía en que los acuerdos alcanzados con los mandatarios provinciales hace menos de un mes se traduzcan en una mayoría sólida en la Cámara baja, sin embargo, las diferencias exhibidas dentro de los espacios aliados durante la primera votación siembran dudas sobre la previsibilidad del resultado. El desafío para La Libertad Avanza será contener las fugas de votos en los bloques dialoguistas que, presionados por el reclamo ambiental en sus distritos, podrían condicionar su apoyo a cambios específicos en el articulado que redefine las áreas protegidas y el alcance de las actividades extractivas permitidas.
