El oficialismo ratificó su intención de llevar el debate de la reforma electoral al recinto del Senado en el mes de septiembre. Sin embargo, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) enfrenta un panorama adverso: actualmente carece de las voluntades necesarias para suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y para implementar el régimen de listas colectoras, una herramienta que el Ejecutivo nacional pretende utilizar para que otras fuerzas políticas acoplen sus boletas legislativas a la postulación presidencial de Javier Milei.
La propia jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que «no están los votos» para convalidar la iniciativa de la Casa Rosada, la cual permanece paralizada en la comisión de Asuntos Constitucionales desde su ingreso en el mes de abril. Al tratarse de una modificación de la legislación electoral, el proyecto requiere de mayorías agravadas indispensables para su sanción: un piso de 37 respaldos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.
Las discrepancias internas y el rechazo de la oposición dialoguista
Las gestiones políticas avanzan en dos frentes simultáneos. Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, timonea las conversaciones directas con los gobernadores; por el otro, Bullrich teje acuerdos en el Senado con aquellos legisladores denominados «sin tierra», por no responder a mandatos provinciales.
A pesar de defender la eliminación de las PASO por considerarlas un mecanismo «donde por ahí no compite nadie contra nadie», la senadora Bullrich exteriorizó sus propias dudas sobre el esquema complementario de colectoras, señalando que «deforma un poco el sistema electoral». Este punto genera un rechazo casi unánime en el radicalismo y el PRO, bloques que aportan 13 votos determinantes para destrabar el texto oficial.
En las últimas horas, las negativas provinciales se cristalizaron con fuerza. Durante un encuentro mantenido en la Casa Rosada, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le notificó formalmente a Santilli que su provincia sostiene las PASO y rechaza su derogación nacional. En sintonía, el mandatario mendocino Alfredo Cornejo anticipó que sostendrá las primarias provinciales, yendo a contramano de la estrategia de Balcarce 50. Por el lado del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tampoco acompaña la anulación del sistema, bloqueando la influencia de sus 3 senadores y 12 diputados.
El complejo poroteo en el Senado
Dentro del universo de la Unión Cívica Radical (UCR), los únicos que asoman con perfil favorable a la postura oficialista son los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). En paralelo, la eliminación de las PASO solo cosecha el apoyo explícito de Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). No obstante, el aporte legislativo de este sector es marginal: Frigerio carece de senadores propios, Jalil cuenta con uno solo, y fuerzas provinciales como las de Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) apenas controlan dos bancas cada una. Mandatarios como Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) aún mantienen su postura bajo estricta reserva.
La aritmética parlamentaria expone la fragilidad de la posición oficial. Con apenas 21 senadores propios, LLA solo lograría incorporar entre 7 y 9 voluntades a través de los gobernadores aliados, una cifra que los margina por completo de los 37 votos exigidos por la Constitución. De esta manera, el núcleo de 10 senadores radicales retiene la llave de la reforma; la mayoría de ellos se inclina por mantener las PASO bajo un esquema optativo (no obligatorias) y rechaza de plano la confluencia de colectoras.
Con las negociaciones empantanadas en los despachos del Congreso, el jefe de Gabinete dispondrá de un plazo de cuatro semanas para intentar revertir las posturas antes de la fecha límite fijada para septiembre.
