El Gobierno avanza en la reglamentación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo que se utilizará para financiar indemnizaciones en caso de despido dentro del esquema de reforma laboral que el Ejecutivo impulsa en el Congreso. La Comisión Nacional de Valores (CNV) será el organismo encargado de supervisar su administración y los criterios de inversión.
Según fuentes oficiales, la regulación definirá qué instrumentos financieros podrán utilizar los fondos, qué riesgos estarán vedados y qué niveles mínimos de liquidez deberán mantener para garantizar que el dinero esté disponible de forma inmediata ante una desvinculación. “El objetivo es que los fondos no pierdan valor, pero sin asumir riesgos”, explicaron desde Nación.
¿Cómo funcionarán los FAL?
Los fondos se integrarán con una contribución obligatoria del 3% del salario, aportada cada mes por el empleador. Ese monto irá a una cuenta individual y protegida, inembargable y destinada exclusivamente a cubrir preaviso, integración, despido y otras indemnizaciones previstas por ley.
Los FAL tendrán beneficios fiscales: estarán exentos del impuesto a las Ganancias y no pagarán IVA, salvo por las comisiones de las administradoras privadas. A su vez, la contribución del 3% se compensará con una reducción equivalente en las cargas patronales destinadas al SIPA.
El empleador no podrá utilizar esos recursos para ningún otro fin ni contratar administradoras vinculadas, lo que impide que los fondos terminen financiando a la misma empresa o a compañías asociadas.
Desde el Gobierno remarcan que no se trata de un esquema similar a las AFJP: los fondos no pertenecen al trabajador, no representan un ahorro personal, no generan beneficios previsionales y no conforman un sistema de capitalización individual.
La creación de los FAL es solo una parte del proyecto más amplio que el Ejecutivo envió al Congreso. La iniciativa también incluye:
- Actualización de convenios colectivos.
- Limitación de la ultraactividad.
- Revisión de aportes laborales.
- Homologación directa de acuerdos transaccionales.
- Prohibición de la aplicación analógica de convenios.
- Cambios en regímenes de vacaciones, pagos y propinas.
- Nuevos criterios de registración y solidaridad en cadenas productivas.
- Modificaciones en el trabajo agrario.
El Gobierno apunta a reducir costos de contratación y bajar la litigiosidad, aunque admite que el impacto será gradual y dependerá del contexto económico. También reconocen que no existe una proyección oficial sobre cuántos empleos podrían formalizarse tras la reforma.
Si el proyecto obtiene aprobación parlamentaria, su implementación requerirá coordinación entre el Ministerio de Trabajo, Economía, la CNV, ARCA, el Banco Central, administradoras privadas y sindicatos, que deberán acordar el esquema de retención de la cuota de afiliación.
El oficialismo espera obtener media sanción en el Senado antes del 30 de diciembre, para que la iniciativa se trate en Diputados a partir del 15 de enero. La negociación en la Cámara Alta está a cargo de la jefa de bloque, Patricia Bullrich.
