Sin apuros, el Poder Ejecutivo trabaja en el envío a Legislatura de sendos mensajes para que Santa Fe adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo de capitales, aspectos contenidos en las llamadas Ley Bases y Ley de medidas fiscales paliativas y relevantes sancionadas hace dos meses por el Congreso de la Nación.
En el caso del RIGI, Santa Fe esperó la reglamentación de diferentes artículos del capítulo contenido en la Ley Bases. En cambio, otras provincias apuraron la adhesión sin tener en cuenta la reglamentación y a la espera de definiciones en inversiones mineras y energéticas. La provincia no tiene expectativas en inversiones directas de la magnitud del RIGI pero si pretende erigirse en proveedora de servicios a las diferentes actividades contempladas en el régimen. De allí la fuerte presencia del gobierno con empresas en ferias de provincias mineras para hacer de firmas provinciales proveedoras de emprendimientos en dicha materia. No son pocas las empresas santafesinas que proveen de equipos y servicios a las petroleras radicadas en Vaca Muerta.
En el ministerio de Desarrollo Productivo analizan la reglamentación del RIGI, sin apuros. «No hay carpeta ni consulta para inversiones de esa magnitud en la provincia», dijo un vocero. El propio ministro, Gustavo Puccini, se involucró junto a empresarios santafesinos -especialmente de Fisfe y de Adimra- en la discusión del proyecto en el Congreso. Es más, Santa Fe quedó satisfecha con la norma tal cual votó el Senado y terminó acompañando Diputados en la ley Bases.
Sobre la reglamentación del RIGI, el presidente de Fisfe, Javier Martin, le dijo a El Litoral que «si quieres ver el vaso medio lleno, la ley pide un 20 % de compre nacional durante la etapa de proyecto y operación, y la reglamentación lo ratifica. El lado medio vacío, es que el articulado establece que esas compras serán obligatorias siempre que estén en condiciones de precio y calidad de mercado. Es allí donde nosotros vemos un potencial problema, porque no aclara cómo se va a comparar. Si a los bienes e insumos importados se los exonera de cualquier tipo de tributo de importación, por definición, van a estar siempre más baratos que en el mercado local. La reglamentación no aclara cómo se va a hacer la comparación».
El dirigente recordó a El Litoral que «habían pedido que la comparación sea precios netos de impuestos, como para comparar peras con peras, puesto que los productores nacionales pagan impuestos, pagan aranceles de importación y otros impuestos cuando importan insumos para elaborar bienes nacionales. Si no descontamos esos impuestos, los bienes importados siempre van a estar más barato que los nacionales. Otro tema que también pedimos, y no fue incluido, es que para comparar condiciones de calidad se les exija a los bienes importados que cumplan con los mismos reglamentos y certificaciones exigidos en el mercado local. Eso tampoco se aclaró en la reglamentación». Martín entiende que «va a depender mucho de cómo se instrumente. Como sucede en otros ámbitos, un bisturí puede salvar vidas en una operación, o puede matar a alguien en las manos equivocadas. La reglamentación, lamentablemente, quedó demasiado abierta y a criterio de quien la vaya a aplicar», se lamenta.
El RIGI está diseñado para atraer capitales, principalmente extranjeros, a través de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, con el objetivo de posicionar a Argentina como un destino competitivo para las inversiones internacionales.
La ley prevé que algunos de los sectores alcanzados por los beneficios del RIGI sean la foresto industria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y gas. Estos sectores tendrán un plazo de dos años para adherirse a partir de la entrada en vigencia del Régimen.
Tampoco el Ejecutivo apurará la adhesión a la norma sobre blanqueo de capitales. «Está la decisión tomada pero no seremos la primera provincia en sumarnos; no tenemos apuro» dijo un vocero del equipo económico. El mismo vocero señala que, por ahora, no está en carpeta disponer una nueva moratoria. «Hubo prácticamente casi cuatro años consecutivos de moratoria» señaló en alusión a la gestión anterior.
El blanqueo apunta a regularizar bienes y activos que no están declarados a través del pago de una penalidad, también llamado impuesto especial de regularización. Una de las claves de este blanqueo tiene que ver con las escalas progresivas de alícuotas, la creación de un mínimo imponible y la estabilidad fiscal para quienes decidan adelantar el pago del impuesto a los Bienes Personales. Este blanqueo va dirigido a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas, sean o no personas fiscales, como así también personas que no son residentes fiscales argentinos
Por lo pronto la agenda legislativa de la administración de Maximiliano Pullaro tiene como prioridad la reforma previsional que tendrá centralidad en septiembre.
Fuente: Mario Cáffaro para El Litoral
