El Gobierno nacional anunció un aumento para los prestadores de discapacidad, con subas que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. La decisión se conoció tras semanas de protestas y reclamos por la falta de cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y aún sin aplicación plena.
La medida fue acordada en el marco de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, donde participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. También estuvo presente un representante del Comité Asesor de la ANDIS, Daniel Lipani, quien votó en contra del esquema de aumentos.
Fuentes del Gobierno confirmaron que el incremento se aplicará en tres tramos consecutivos: 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo. En tanto, el resto de las prestaciones tendrá subas del 12%, 8,25% y 7% respectivamente.
El aumento total acumulado será del 34,53% en el primer grupo y del 29,73% en el segundo. Según voceros oficiales, la actualización se ubicará por encima de la inflación proyectada para el año y busca “garantizar la continuidad y calidad de la atención”.
Un aumento posterior a la presión del sector
El anuncio llega después de una serie de manifestaciones en distintos puntos del país. Organizaciones sindicales, sociales y sanitarias exigieron al Ejecutivo la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada a comienzos del año. También reclamaron la actualización del nomenclador nacional, congelado desde diciembre de 2024, cuando se había otorgado un incremento del 0,5%.
“Se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud, que coordina junto a ANDIS el seguimiento de las prestaciones.
El incremento fue posible gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien aprobó una partida presupuestaria adicional para cubrir los aumentos previstos. Según se informó, el refuerzo financiero corresponde al último trimestre del año y fue gestionado de manera conjunta con la Superintendencia de Servicios de Salud.
Sin embargo, el sector privado y las entidades que nuclean a los prestadores expresaron su disconformidad. Daniel Lipani, representante de los prestadores en el Directorio, presentó una moción alternativa para aplicar un aumento del 70% desde octubre. La propuesta fue rechazada. “El ajuste otorgado no cubre los costos reales de funcionamiento ni la inflación acumulada”, sostuvo.
Demoras, crisis y perspectivas
El último aumento generalizado en el nomenclador nacional había sido en diciembre de 2024, con un 0,5%. Desde entonces, los prestadores advirtieron sobre un deterioro sostenido en los aranceles, que derivó en la suspensión de servicios, cierres de centros de día y demoras en los pagos.
“Hubo prestadores que no pudieron afrontar sueldos ni alquileres, y otros que dejaron de atender por falta de cobertura. Este ajuste llega tarde y no resuelve el problema estructural”, indicaron desde una red de instituciones bonaerenses.
El nuevo incremento alcanza a los rubros de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros. Los valores se aplicarán sobre el nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles de todo el sistema.
Fuentes del Gobierno confirmaron que la medida se enmarca en un esquema de revisión trimestral, aunque no se establecieron nuevos mecanismos automáticos de actualización. “El objetivo es sostener el funcionamiento del sistema mientras se avanza en una reforma integral del financiamiento”, indicaron desde ANDIS.
El aumento llega también en un contexto político particular: tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el Gobierno busca ordenar las cuentas públicas y mostrar capacidad de respuesta ante reclamos sensibles. No obstante, los prestadores sostienen que el monto otorgado “no compensa la pérdida acumulada ni garantiza la sostenibilidad de los servicios”.
