Con representación del Poder Ejecutivo, ambas cámaras legislativas y cuatro gremios, se constituyó este miércoles la Comisión que tendrá por objetivo el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia de Santa Fe.
Mientras desde el sector sindical se admitió la dificultad de la situación estructural de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y se puso el énfasis en el reclamo de la compensación comprometida por la Nación, los representantes del gobierno ratificaron, conforme a lo dispuesto por la ley de convocatoria, los objetivos de sostener al organismo en la órbita del Estado santafesino y mantener el sistema de reparto.
En tal sentido, dejaron en claro que el propósito es defender la Caja, pero que para ello es necesario hacerla sustentable y a tal efecto es necesario tomar medidas que mejoren la ecuación entre ingresos y egresos, más allá de la expectativa por el cobro de los fondos adeudados de la Nación, que al estar sometida a la vía judicial (hay un reclamo presentado y otros dos en estudio), necesariamente será a futuro.
A tal efecto, la tarea de la comisión se extenderá por 45 días, durante los cuales su titular, el senador Rodrigo Borla, escuchará las voces de todos los sectores interesados.
Como representantes del gobierno participaron Jorge Boasso, Alicia Berzero, Malena Azario y Julia Tonero, ocupando las cuatro sillas que la Ley Nº 14268 les fija para integrar la Comisión que tendrá por objetivo el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia. Junto a ellos, seis senadores, siete diputados (se previeron ocho, pero el Frente Amplio por la Soberanía declinó participar) y cuatro dirigentes gremiales. Borla, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta será el titular, es secundado por el diputado Pablo Farías, quien encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara Baja.
Por el Senado participaron Esteban Motta (San Martín), Oscar Dolzani (San Javier), Hugo Rasetto (Iriondo), Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias) más Borla (San Justo). Y por Diputados, además de Farías (PS), José Corral (UCR), Astrid Hummel (Pro), Rubén Galassi (PS), Gisel Mamhud (PS), Beatriz Brouwer (Somos Vida), Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia).
En lo que hace al Poder Ejecutivo, Boasso es secretario de Seguridad Social y Berzero es la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Tonero es la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno mientras que Azario es la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía.
A la defensiva
En cuanto a los dirigentes gremiales, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, está en la mesa así como Jorge Molina (Upcn), Patricia Rudel (ATE) e Ignacio Monzón (Festram).
Al ingresar, Alonso adelantó que «vamos a discutir sobre los números, para eso está creada la comisión», pero remarcó que «el gobierno no tiene que ajustar a los trabajadores, sino reclamar fuertemente al gobierno nacional que envíe los recursos que tiene que enviar».
Para el dirigente, «el actual déficit es momentáneo» y se cifra precisamente en la demora de la Nación en remitir los fondos comprometidos por ley y por los pactos fiscales suscriptos cuando se resolvió que la Caja santafesina no pasaría a la órbita de Ansés, como sucedió en el caso de otras provincias.
Por su parte, Molina compartió los objetivos de la ley de convocatoria, en cuando a mantener la Caja en la órbita del Estado provincial y preservar el esquema de reparto y el sistema solidario, a partir de lo cual «va a haber alternativas y discusiones sobre cómo mejorar la relación entre ingresos y egresos».
«La Caja tiene que ser sustentable, y no se puede negar que hoy es deficitaria», añadió, a la vez que admitió que «hubo liberalidades» que permitieron el ingreso al sistema de muchos actuales beneficiarios que no cumplían estrictamente con los requisitos de edad o años de aportes.
«Tenemos que ser muy estrictos en esto, si queremos que el sistema tenga estabilidad», definió, aunque no tomó postura sobre cuestiones eventuales como el aumento de la edad jubilatoria o la modificación de los regímenes especiales.
Sí admitió que el temor de los agentes a verse perjudicados por los cambios llevó a que se triplicase la cantidad de trámites jubilatorios ante la Caja. Por otro lado, adelantó el rechazo al establecimiento de topes, en beneficio de «respetar la estructura salarial de cada sector»; sin perjuicio de establecer una escala progresiva para los aportes.
Estructural
Por parte del gobierno, al finalizar la reunión Alicia Berzero ratificó el carácter constitutivo de la comisión que tuvo el encuentro de este martes, pero adelantó que «se va a invitar a todos los sectores que no la integran, como centros de jubilados, institutos de Seguridad Social de los Colegios de Abogdos, para conocer sus opiniones».
Dejó en claro que el objetivo es preservar la Caja de Jubilaciones y el sistema previsional santafesino, pero que «lo preocupante es el déficit y me parece serio que podamos dar un diagnóstico para después presentar un proyecto, como han hecho todas las Cajas provinciales para ver cómo se puede reducir el déficit».
En ese sentido, remarcó que, más allá de los incumplimientos de la Nación, no se trata de una situación momentánea, sino que «es un déficit estructural. La relación activo-pasivo es más o menos dos a uno. Partimos de ahí».
Info: El Litoral.
