El Poder Ejecutivo Provincial aceptó retirar todos los pliegos de los candidatos a jueces que había enviado a la Legislatura para su tratamiento. Fue debido a un pedido expreso del gobernador electo, Maximiliano Pullaro, durante la primera reunión de transición entre las autoridades que asumirán el 11 de diciembre y la gestión saliente.
Se trata de un signo positivo de convivencia política en la alternancia. Haber insistido con los postulantes habría sido exponer a esos candidatos a magistrados a un rechazo masivo, similar al que no se evitó con la mayoría de los aspirantes a fiscales y defensores del fuero penal.
El gobierno santafesino había anticipado que tenía «bajo análisis» el pedido de los ganadores de la elección general del 10 de septiembre, para que todas las propuestas sean retiradas de la Legislatura. Este martes 18 se iniciaron los encuentros entre referentes de las gestiones entrante y saliente.
El diputado provincial electo gobernador y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, entendieron que lo mejor tanto para facilitar la transición como para los directamente involucrados era dar marcha atrás y retirar los pliegos del ámbito de la Asamblea Legislativa.
Por una parte, el próximo titular del Poder Ejecutivo puede así aprovechar los resultados de los concursos de los que surgieron las ternas, de las que luego se designaron a los candidatos.
Por otra, el gobierno saliente resigna la chance de especular con una eventual aprobación ficta (de hecho) para el caso de que los diputados y senadores provinciales no alcanzaran el quórum.
El acuerdo muestra racionalidad política y permite un proceso de recambio de autoridades, entre distintos frentes partidarios, que se inicia de manera positiva.
Los 42 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial eran el primer punto a considerar en la agenda de Pullaro. El gobierno provincial lo aceptó y así evitó que se repita el resultado de la Asamblea que rechazó 29 de los 48 candidatos a integrar el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Hubiera sido grave que algo así suceda también con quienes han rendido concursos y tienen aspiraciones de ser magistrados.
Info: El Litoral.
