Sobre tablas, el Concejo de Santa Fe aprobó una declaración expresando como órgano colegiado su “enérgico repudio” ante la “discriminación perpetrada por el gobierno nacional” hacia las ciudades del interior del país, incluyendo a Santa Fe, en lo que refiere a los subsidios al transporte.
En concreto, en el texto se alude a la decisión de aumentar en un 50% los fondos que reciben las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y “manteniendo su negativa a devolverle al interior del país lo que aporta tras la eliminación del Fondo Compensador”.
Estos elementos fueron el trasfondo de una prolongada discusión política entre los concejales santafesinos, estimulada quizás por el anuncio, este miércoles, de un nutrido grupo de intendentes del interior: presentarán ante legisladores nacionales su reclamo por la crisis del transporte en el Congreso, el próximo 4 de junio.
En concreto, el planteo de los primeros mandatarios jurisdiccionales es lograr la modificación de la ley para que el impuesto al combustible, de manera que queden fondos para compensar el sistema. Y además, cuestionaron el “desigual trato” del gobierno nacional entre el Amba y el resto del país.
A todo esto se suma lo que parece ser un secreto a voces: otra inminente suba del boleto de la tarifa plana en junio: hoy cuesta 700 pesos, los empresarios piden un boleto a unos 1.300 pesos y el Ejecutivo capitalino deslizó que “podría aumentar”, pero que el nuevo valor no llegaría a los 1.000 pesos.
“¿Valen lo mismo un estudiante, un docente, un investigador, o un obrero del Amba que otro del interior del país, de la ciudad de Santa Fe, pongamos por caso? Tener que plantearnos esta pregunta nos indigna y nos provoca”, dijo el concejal Leandro González, presidente del Interbloque oficialista “Juntos…”.
O es falta de sensibilidad política, o son decisiones políticas mal tomadas o, como tercera opción, “a los ciudadanos del interior del país, Nación nos toma como ciudadanos de segunda”, agregó el edil radical. Aquí agregó el aumento para la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fue mucho mayor que para el resto de las universidades del país.
El concejal que se abstuvo fue el libertario Ignacio Laurenti (Viva la Libertad). “Si bien es cierto que se deben rediscutir los fondos coparticipables y el esquema de subsidios, también es cierto que la falta de subsidios no puede ser la excusa para el mal funcionamiento del sistema de transporte por colectivos. Esto viene de hace muchos años. Los subsidios tienen que ir a la demanda, no a los empresarios”, argumentó.
La concejala Violeta Quiroz (FR-Mesas de Trabajo) recordó que interpuso un amparo ante la Justicia Federal para que se restituya el Fondo Compensador del transporte. “Celebro que se tome esta iniciativa en nuestro Concejo, porque sabemos que el problema se puede solucionar en Santa Fe, justamente, con la devolución del Fondo Compensador de Nación”, enfatizó.
“El impuesto al combustible lo pagamos todos. Nación se lo queda y no lo devuelve a las provincias. Debemos trabajar para defender a los santafesinos, que hoy se ven agobiados por un montón de políticas que no son para nada beneficiosas. Acompañamos este reclamo porque es muy necesario para nuestra ciudadanía”, declaró la edila.
También hizo mención a que hace unos días, presentó junto a su equipo técnico un informe sobre la situación real del transporte público de pasajeros por colectivos en la ciudad capital. “La solución es -insistió en su concepto- que Nación devuelva en Fondo Compensador al transporte, porque es un derecho de todos los santafesinos que necesitan del colectivo para poder ir a trabajar o estudiar”, manifestó Quiroz.
Luego le tiró un “palito” a la gestión de Juan Pablo Poletti: “Hoy el boleto cuesta 700 pesos; ahora parece que se irá a 1.000 pesos. Siempre golpeando el bolsillo de los trabajadores de la ciudad…”, fustigó.
Lucas Simoniello (UCR-Unidos) cuestionó la abstención de Laurenti. “Sus expresiones parecen más reproducciones por Twitter del presidente. No es cierto, como dice el edil, que el problema se resuelva subsidiando a la demanda. La cuestión es lograr una ecuación económica que cierre a los actores involucrados (usuarios primero, y empresarios) para poder tener un servicio de calidad», deslizó.
“Aquí no somos fundacionalistas; somos personas que estamos proponiendo mejoras para un sistema de transporte público en el que se mueve más de un cuarto de nuestra población todos los días”, le espetó a Laurenti.
“¿Saben qué porcentaje de boletos de colectivos se cortaron en abril en la ciudad, sobre el total de viajes? Apenas un 24%. En limpio: sólo el 24% pagó 700 pesos; el resto tiene algún tipo de subsidio (educación, universitarios, etcétera). Entonces, hay otros problemas estructurales del transporte que hay que resolverlos con otras fuentes económicas, como se hace en el Amba”, puso claridad Carlos Pereira (UCR-Unidos).
Y luego dio algunos otros datos que grafican ese abismo de discriminación entre el Gran Buenos Aires y el resto del país. “Lo que destinó Nación al Amba en abril fueron $148 mil millones, en materia de subsidios al transporte público. Creció a $85 mil millones en diciembre de 2023 (es un 74,1% más). El interior del país estaba en $15 mil millones, ahora pasó a cero pesos”, precisó el edil.
Pero además, $148 mil millones dividido en 15 mil unidades de colectivos que circulan en el Amba, da un promedio de 10 millones de pesos por día por colectivo. “El cálculo es que cada colectivo en Buenos Aires emplea a tres choferes -siguió Pereira-. El costo de cada chofer promedio (con haberes y aportes sociales), estaría en 2,5 millones de pesos”.
“Vale decir entonces que con esos 10 millones de pesos por colectivo por día, se pagan los sueldos de los tres choferes, y todavía queda plata para otros gastos. Así, es muy fácil. ¿Cómo no va a estar bien el transporte en el Amba y pésimo en el interior del país? En el Amba conviene tener circulando colectivos vacíos”, criticó el radical.
Los contrapesos entre el Amba quedaron en evidencia. Mientras los intendentes y los legisladores locales “patalean” ante Nación -y con razón- por la desigualdad en los subsidios, la gente común y corriente que necesita de un servicio esencial en la ciudad para ir a trabajar queda atrapada en lo que de momento parece un callejón sin salida.
Info: El Litoral.
