El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves un proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa apunta a modificar la forma en que el Estado interviene ante situaciones de violencia por razones de género, con un esquema que busca anticipar escenarios de riesgo, reforzar la protección y evitar que las víctimas deban asumir trámites que corresponden a los organismos públicos.
El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki. La propuesta fue elaborada en conjunto por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad y de Gobierno e Innovación Pública.
Uno de los principales cambios planteados es la creación de un sistema escalonado de medidas cautelares. Luego de una valoración inicial, cuando corresponda se realizará una evaluación integral que clasificará la situación en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
Para establecer el nivel de riesgo se tendrán en cuenta distintos indicadores, entre ellos amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas anteriores y llamados reiterados al 911.
A partir de esa evaluación, las medidas de protección serán proporcionales a la gravedad de cada caso. Es decir, a mayor nivel de riesgo, mayor intensidad de la respuesta estatal.
En los casos considerados críticos, el proyecto contempla medidas como el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de una tobillera electrónica al agresor.
Más presión sobre quienes incumplan
La iniciativa también incorpora herramientas frente al incumplimiento de las órdenes judiciales. En esos casos, jueces y juezas podrán disponer arrestos conminatorios.
“A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, sostuvo Cococcioni. El ministro remarcó además que los incumplimientos quedarán registrados y serán tenidos en cuenta en las posteriores evaluaciones de riesgo.
El proyecto prevé además la conformación de un equipo interdisciplinario especializado, que tendrá a su cargo la evaluación de situaciones, la elaboración de informes, el acompañamiento de casos y la asistencia a la Justicia y a otros organismos estatales.
Otro de los ejes es modificar el modo en que se tramitan las denuncias. La propuesta establece un diseño procesal diferenciado, basado en el principio de actuación de oficio, de manera que las denuncias puedan ser recibidas en cualquier comisaría u organismo y que, frente a una situación urgente, cualquier tribunal pueda intervenir.
Cococcioni puso como ejemplo una situación que, según planteó, actualmente puede recaer sobre la propia víctima: tener que trasladar documentación hasta la comisaría correspondiente al domicilio o al lugar de trabajo del agresor.
“El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, afirmó.
El proyecto también establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. “A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar”, sostuvo el ministro.
Prevención y un registro único
Desde el área de Mujeres, Género y Diversidad, Travaini planteó que la propuesta busca dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en responder después de ocurrido el hecho y avanzar hacia un esquema basado en prevención, detección temprana, protección y asistencia.
En ese sentido, el proyecto excluye expresamente la mediación y la conciliación en los casos de violencia de género y contempla como indicador la propia percepción de riesgo expresada por la víctima.
“Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla, y eso está expresamente contemplado en esta ley”, afirmó Travaini.
La iniciativa también busca evitar que la información quede fragmentada entre distintos organismos. Para eso propone crear un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
A esto se suma un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y de sus familias.
Finalmente, el proyecto plantea estrategias territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión, en articulación con municipios y comunas.
