El próximo lunes 6 de mayo comienza a regir en la jurisdicción federal de Rosario y Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Federal, que importa la adopción del sistema acusatorio y el juicio oral, tal como el que funciona a nivel provincial. Para darle marco formal, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezarán un acto en la ciudad del sur.
Todavía no se confirmó si también estará la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representada por su presidente Horacio Rosatti y el procurador general Eduardo Casal. Ambos funcionarios judiciales estuvieron el pasado 19 de marzo en la Casa Rosada, junto a la defensora general Stella Maris Martínez y el juez Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, en la primera reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal.
Inicialmente la intención del gobierno nacional era poner en funcionamiento el sistema de inmediato, y así lo había anunciado la semana anterior. Pero luego de contactos con Casal y gestiones de Rosatti (incluyendo un viaje de urgencia a Rosario a reunirse con la Cámara Federal), se convino en actuar de manera coordinada con la Corte y el Consejo de la Magistratura, y establecer la nueva fecha, con algo más de tiempo para los preparativos.
«Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada», sostuvo Rosatti en esa ocasión. Cúneo Libarona, por su parte, habló de «un momento histórico» y consignó que el sistema «funciona muy bien en Salta y Jujuy, ahora vamos a hacer el mayor esfuerzo en Rosario».
Esto implicó que en las últimas semanas avancen tanto en esa ciudad, como en Santa Fe y otros distritos (no así Reconquista, que depende de la Cámara Federal de Resistencia) las obras necesarias para adecuar las instalaciones al nuevo funcionamiento. El sistema acusatorio pone en cabeza de los fiscales la investigación, hace desaparecer el expediente escrito y lo reemplaza por un registro audiovisual de audiencias orales. Por ello se hizo preciso acondicionar salas de audiencias con equipos de filmación, grabación y alta capacidad de almacenamiento de imágenes, pero al mismo tiempo las medidas de seguridad necesarias para alojar a presos que pueden ser de alta peligrosidad. Un desafío importante, no solo por la premura de los tiempos, sino por la estrechez de recursos. Ni unos ni otros escasearon hace cinco años, cuando el Código comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy, con nueve meses de plazo y la construcción y remodelación de edificios, además de la adquisición de tecnología y nueva conectividad.
En este orden, el procurador Eduardo Casal (que, sin relevo a la vista por el momento dada su condición de interino, deberá asumir ahora un rol mucho más protagónico), participó el martes pasado de una reunión de trabajo junto a los secretarios de Coordinación Institucional y Disciplinaria y Técnica, cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima y Juan Manuel Casanovas junto a la coordinadora y a la funcionaria de la Unidad, Carla Di Gangi y Martina Allende.
Además, asistieron los fiscales generales del distrito Rosario Federico Reynares Solari, Fernando Arrigo, Adolfo Villatte y Martín Suárez Faisal, los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Claudio Kishimoto, Matías Di Lello, Matías Scilabra, Jorge Onel y Walter Rodriguez y la fiscal Adriana Saccone, los fiscales federales coadyuvantes Juan Argibay Molina y Marcelo Del Teglia. También los y las fiscales penales coadyuvantes Diego Orzuza Kock, Francisco Bernhardt, Franco Benetti, Federica Tiscornia, Gastón Theler, Ignacio Páez de la Torre, Julieta Militello, María Marta Poggio, María Virginia Sosa, Carolina Laura Maffioli, Martín Gambacorta, Matías Mené, Eduardo Costa Calvo, Milagros Traverso, Natalia Palacín, Santiago Alberdi y Soledad García.
Durante la actividad se abordaron temas vinculados a la administración de los recursos humanos, a la gestión de los casos y el desafío que implica para los fiscales la puesta en marcha del sistema acusatorio en el distrito.
La jornada continuó por la tarde en el auditorio de la Cámara de Apelaciones de Rosario con la simulación de audiencias unilaterales y multipropósitos -de formalización y de control de detención- basadas en tres legajos fiscales elaborados por funcionarios de la UNISA, y con asistencia de magistrados de Salta, en atención a la experiencia de esa provincia.
Vacantes
Mientras tanto, aún quedan por cubrir vacantes en el Poder Judicial en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. De 28 cargos, 6 están vacantes; es decir, 21%. Los pliegos de cuatro candidatos para ocupar esos lugares están en el Poder Ejecutivo y dos, en el Consejo de la Magistratura.
Pero si se consideran los nuevos cargos creados por una ley especial de fortalecimiento de la justicia federal de Rosario, los cargos son 42 y las vacantes son 20, lo que equivale a un 47%. Desde el Consejo de la Magistratura confiaron en que para fin de año se elevarían las ternas al Ejecutivo.
Info: El Litoral.
