El robo de infraestructura pública, necesariamente instalada en las calles, tiene a los medidores de agua potable como uno de sus nuevos blancos. El fenómeno se mantiene desde el año pasado y, en la medida en que la devaluación argentina y el incremento del dólar condiciona la economía argentina, aumentan los ataques al cableado eléctrico y de sistemas de TV, a las instalaciones de gas y también de agua potable.
La empresa estatal Aguas Santafesinas SA informó que en lo que va del año, tan solo en la ciudad de Santa Fe, se robaron 22 medidores. Y que a lo largo del año 2022 fueron 238. Entre ambos períodos son 260 casos que, según un vocero de la compañía, en promedio tienen un impacto en las cuentas del servicio público de unos $ 25.000 en cada caso, depende del total de elementos faltantes: la llave de paso, los racors (una pieza necesaria para la unión de cañerías de distinto diámetro), así como el recinto o cajón que suele ser violentado.
El robo de caudalímetros no solo debe medirse por los materiales perdidos y sus repuestos (ahora sin metales), también por las fugas de agua que causan y por la distracción de equipos de trabajo que debería dedicarse solo a las reparaciones por otros motivos.
Cada robo de un medidor implica mover una cuadrilla (tras la respectiva denuncia, que no siempre es a cargo del titular del servicio) y reponer la conexión. También el reemplazo de los materiales perdidos que teminarán en manos de reducidores que pagarán una suma ínfima a los ladrones. Tan solo en 2022 Aguas perdió (solo en la capital provincial) unos 6 millones de pesos.
"Es algo que está creciendo a pasos agigantados y que ya se ha transformado en una forma de saqueo sobre el espacio público", reflexionó el gerente de Comunicación de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco. Agregó que espera que la persecución de los negocios donde se reducen los metales de los resultados esperados y confirmó que del tema se ha hablado con las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación.
Una ley
El 3 de abril se promulgó la ley que crea el "Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos", es decir, de quienes compran bronce, cobre y otros elementos que muchas veces provienen del robo a la infraestructura pública.
La norma lleva el número 14.191 y necesita de una reglamentación para ponerla en marcha. Se trata de una iniciativa que se gestó en la Cámara de Diputados a través de los proyectos de la socialista Lionella Cattalin y del justicialista Oscar Martínez (Frente Renovador), en cuyo debate fueron trascendentes audiencias en las cinco cabeceras del Poder Judicial, con amplia participación de empresas afectadas, vecinos y entidades intermedias.
A la media sanción de la Cámara baja santafesina, el Senado le introdujo algunos cambios que aceptó Diputados y en la última reunión de la Junta Provincial de Seguridad las entidades de víctimas reclamaron la urgente entrada en vigencia de la norma.
En Rosario
Mientras en la capital provincial se robaron 238 medidores durante 2022, en la ciudad de Rosario las cifras del nuevo dolor de cabeza para Assa supera el doble. Son por lo menos 500 los hurtos de caudalímetros anualmente, en la urbe más poblada de la provincia, con una tendencia que comenzó antes de la pandemia y que, con cada escalada del dólar, se incrementó.
Fuente: El Litoral
