La Legislatura sancionó, a medias, la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo a la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el principal órgano de persecución penal que tiene la provincia. Lo sancionado apunta a empoderar al fiscal general (hoy a cargo de María Cecilia Vranicich), le permitir llevar adelante líneas investigativas por sobre los fiscales regionales e incluso habilita la creación de 17 nuevos cargos de fiscales que estarán en directa dependencia de la autoridad provincial.
A diferencia de los restantes proyectos del Ejecutivo sobre seguridad pública votados por amplia mayoría de votos, en este caso en Diputados fue con el aporte de los 27 integrantes de la oficialista bancada de Unidos para Cambiar Santa Fe, la abstención de todos los bloques opositores y el rechazo de los dos integrantes presentes del Frente Amplio por la Soberanía. En cambio, el texto girado en revisión al Senado tuvo el respaldo de todos los integrantes de la Cámara Alta.
De los 43 artículos que tiene el mensaje del Ejecutivo, se aprobaron 11 y el oficialismo informó que seguirá la discusión, artículo por artículo, a partir de febrero. Las abstenciones de justicialistas, Somos Vida e Inspirar obedecieron a que el dictamen de la mayoría se conoció media hora antes de iniciarse la sesión. Es más, al momento de iniciarse el tratamiento del proyecto hubo un cuarto intermedio para que los diputados oficialistas firmaran el dictamen correspondiente.
«Necesitamos votar algunas urgencias que tiene el MPA para que funcione de manera más ordenada y en febrero seguiremos discutiendo los otros aspectos del proyecto» señaló la socialista Lionella Cattalini al justificar el voto de la mayoría.
El miércoles, la Legislatura abrió el recinto de la Cámara de Diputados para escuchar distintas opiniones de actores del sistema judicial sobre este mensaje del Ejecutivo. Representantes del Colegio de Magistrados, de la Asociación de Fiscales tanto de Santa Fe como de Rosario, el sindicato de Trabajadores Judiciales y los colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario expusieron sus objeciones y sus propuestas ante legisladores de ambas cámaras.
Cattalini aseguró que lo que se llevó al recinto es la parte que no tiene objeciones por parte de las entidades al refutar a distintos bloques que se escudaron en las reuniones del día anterior para no apoyar a la mayoría con el voto.
«Hay una crisis institucional que afecta al MPA, hay que corregir falencias, no se puede funcionar con reglas que no son claras» señaló la socialista quien prometió que la parte referida a ingreso a la carrera judicial así como el régimen de disciplina y de control se discutirá desde febrero. Enseguida Fabián Palo Oliver señaló que el oficialismo no logró los consensos necesarios «y saca esta reforma a medias» para cuestionar la centralidad otorgada a la figura de la fiscal general. «Creemos en la descentralización y no en la centralización. Es un retroceso», afirmó.
Alicia Azanza (Somos Vida) consideró una falta de respeto que diez minutos antes del inicio de la sesión el oficialismo le hiciera llegar el proyecto a votar. «No tuvimos tiempo de analizarlo; no firmamos cheques en blanco. Somos Vida lee los proyectos, los interpreta y vota, pero no de esta manera» señaló la rosarina. Celia Arena (Juntos Avancemos) también hizo notar el corto tiempo entre la entrega del dictamen y el tratamiento. «Coincidimos en la necesidad de darle herramientas al gobierno, en mejorar las leyes y en que no puede haber manoseo político del MPA» afirmó la ex ministra de Gobierno quien no dejó de señalar que la anterior Legislatura rechazó varios pliegos de fiscales enviados por la gestión de Omar Perotti y también debió retirar 42 pliegos de jueces. «Dijeron que no se necesitaban más fiscales y ahora crean 17 por ley. Por lo menos utilicen los concursos ya realizados y envíen esos pliegos» recomendó.
El radical José Corral admitió que se necesita una mayor discusión sobre algunos aspectos del MPA pero también rescató la decisión de apurar la sanción de una parte del mensaje para dotar de mayores atribuciones a la fiscal general.
Nuevas atribuciones
- El Ministerio Público de la Acusación promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, asumiendo el diseño, la conducción y la ejecución de la estrategia procesal, la responsabilidad por la prueba de cargo y la dirección de las investigaciones. Así lo determina el nuevo párrafo incluido en el artículo 1 de la Ley 13.013. Hoy ese párrafo indica que «el Ministerio Público de la Acusación promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria tendiente a demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva. La inobservancia de este precepto podrá ser objeto de sanciones por el superior jerárquico que corresponda.
- El Fiscal General es la máxima autoridad en cuanto a la organización, el funcionamiento y la administración del Ministerio Público de la Acusación. El órgano tiene su sede en la Capital de la Provincia. La nueva redacción le agrega la responsabilidad de administración del organismo.
- Nuevas atribuciones: se las añaden al artículo 16 de la ley y de las 13 actuales, pasa a tener 16, entre ellas ejercer la administración general y la representación legal del Ministerio Público de la Acusación, determinar la política general de la institución y fijar los criterios generales para el ejercicio de la persecución penal. También reglamentar la organización y el funcionamiento general de Gabinete y disponer la designación y remoción de cualquiera de sus integrantes, en cuanto esta facultad no estuviera sujeta a otro procedimiento previsto en esta ley. Además se la autoriza a requerir informes sobre el avance de las distintas causas en trámite, reasignar causas a otras unidades fiscales dentro o fuera de la circunscripción asignada, avocarse con sus propias unidades fiscales o delegar las causas que estuvieran en trámite ante éstas. Otra facultad concedida es la de intervenir total o parcialmente una o más Fiscalías Regionales, por resolución fundada, cuando razones de gravedad así lo aconsejaren, debiendo comunicarlo a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa en un plazo de cuarenta y ocho horas corridas.
- Podrá crear agencias o unidades fiscales especializadas en formas determinadas de criminalidad o en tipologías determinadas de casos, reglamentando su estructura, integrantes y funcionamiento.
- Crean 17 cargos de fiscales de distritos que dependerán directamente de la fiscalía general.
