Luego de enviar la iniciativa al Congreso, el Gobierno presentó este jueves en conferencia de prensa el proyecto de ley «Principio de inocencia fiscal», con el cual busca fomentar la utilización de dólares del colchón. «Vamos a abandonar el régimen persecutorio«, confirmó José Luis Espert, encargado del anuncio en la Casa Rosada y quien estuvo acompañado por el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
«Ahora todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario. Para nosotros tienen que regir el principio de inocencia fiscal. El objetivo es blindar al ciudadano de bien del descalabro de la maldita casta política», afirmó el diputado nacional por La Libertad Avanza.
Además, indicó que la iniciativa requiere de la aprobación del Congreso, por lo que los diputados y senadores debían elegir solamente entre dos caminos, «el de acompañar el proyecto y que los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial o el de oponerse y condenarlos a esconder sus ahorros bien habidos«.
«Este mensaje también va para los gobernadores que no adhirieron. Para el soviético de Axel Kicillof, que arruinó la provincia, para La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe», agregó.
Por su parte, Pazo brindó un panorama sobre el proyecto y aseguró que estaba dividido en dos esquemas, «uno referido al cambio de paradigma en el régimen general y otro al blindaje de nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias».
«En el primero, modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. A partir de ahora estos límites se aumentan. De esta manera, para ponerlo en números, de las 7.500 causas que existen en el Fuero Tributario Penal quedarán en curso unas 200″, aseveró.
De acuerdo a la letra chica de la iniciativa, el tope pasará de $1,5 millones para el caso de evasión simple y de $15 millones, para el de evasión agravada a $100 millones y $1.000 millones, respectivamente.
Además, el funcionario aclaró que se disminuirá de cinco a tres años el plazo de prescripción de ciertos delitos, «siempre que los ciudadanos o empresas hayan declarado su declaración jurada en tiempo y forma». «Quien incumpla, será notificado y deberá pagar para resolverlo«, agregó.
«Con esta ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada. Ninguna administración de otro signo político que busque continuar con su adicción a la persecución podrá volver a tratar a todos los argentinos como delincuentes», resaltó.
En relación al capítulo de las modificaciones del Régimen Penal Tributario, el proyecto plantea, respecto a los delitos, la extinción «si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses, más un importe adicional equivalente al 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles».
Fuente: El Canciller
