La Sala IV benefició al expresidente en un fallo dividido. Hay diez personas procesadas por la causa, que afecta unos 3.364 millones de pesos.
La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución que había confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa Seguros.
El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba con procesamiento confirmado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento.
Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvo en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.
“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.
El fallo fue en virtud de una apelación del exmandatario, que había pedido la nulidad de la causa, iniciada sobre la sospecha de un posible direccionamiento de los contratos de seguros del Estado durante su presidencia, por una cifra de unos 3.364 millones de pesos.
Un procesamiento “arbitrario”
Casación había confirmado en febrero el procesamiento de diez personas involucradas, acusadas de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
El rol de Fernández aun no había sido analizado, sospechado de favorecer al broker Héctor Martínez Sosa. La defensa de Fernández había presentado un recurso de queja y por eso Casación revisó el procesamiento.
Fernández dijo que el pronunciamiento de la fiscalía “resultaba arbitrario toda vez que se había confirmado el procesamiento de su asistido mediante una errónea interpretación de la ley sustantiva y procesal, con vulneración de diversas garantías constitucionales, entre las que destacó el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio”.
La postura de los jueces
Ese argumento fue defendido por la mayoría de la Sala IV, que en el voto conjunto expresó que “no existió controversia entre la defensa de Fernández y el Ministerio Público Fiscal ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito”.
Para Borinsky, la confirmación del procesamiento en la instancia de apelación “implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”.
Carbajo expresó que la decisión de los jueces había sido dictada en “exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”; mientras que para Hornos, el fallo “no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no superaba el límite de impugnabilidad objetiva” contemplado por el Código Procesal Penal de la Nación.
