El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una batería de nuevas medidas de prueba destinadas a investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa penal que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo de la fiscalía es reconstruir la evolución económica y laboral del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, de manera retroactiva hasta el año 2012 para cotejar posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas y determinar el origen real de sus inversiones.
Como parte de este requerimiento judicial, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe detallado con todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en el país desde 2012. Asimismo, exigió a la ANSES la presentación formal de los recibos de sueldo históricos de la pareja. En paralelo, la investigación sumó una línea de contraste al analizar los antecedentes financieros y las declaraciones de bienes de su hermano, Francisco Adorni, actual diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA).
La lupa de la justicia se centra actualmente en la trazabilidad de los fondos, el movimiento de criptoactivos y un expediente sucesorio clave. Los investigadores analizan la sucesión del padre del funcionario, Jorge Adorni, quien falleció en 2002. Esta pesquisa se activó luego de que el propio jefe de Gabinete explicara públicamente que sus inversiones iniciales en bitcoins fueron posibles tras haber encontrado una importante cifra de dinero en efectivo dentro del inmueble de su progenitor.
El despacho del fiscal también puso bajo verificación los registros de todos los vuelos realizados por Adorni y su grupo familiar, el estado de sus abultadas deudas y la adquisición de propiedades bajo sospecha de no haber sido declaradas a término. Entre estos inmuebles se destacan una casa en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito.
El expediente judicial expone marcadas contradicciones en las presentaciones del vocero presidencial. Mientras que en su declaración jurada correspondiente al período 2024 informó haber percibido 10.2 millones de pesos en concepto de herencia, al año siguiente rectificó la presentación elevando abruptamente ese monto a 73 millones de pesos, sumado a la declaración de tenencias en criptomonedas incorporadas de forma progresiva a su patrimonio entre 2021 y 2023.
