La Cámara de Diputados reactivará su agenda legislativa en los primeros días de agosto con un foco central: el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, apunta a sumar nuevos contribuyentes y canalizar los dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero formal.
Tras el receso invernal, La Libertad Avanza (LLA) buscará sellar acuerdos con las bancadas dialoguistas como la UCR, el PRO, Innovación Federal y diversas fuerzas provinciales. El objetivo es replicar el respaldo parlamentario que este sector ya le brindó a la norma original en diciembre pasado.
Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, junto a Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, titulares de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, respectivamente. La estrategia oficialista consiste en consensuar el texto con los bloques aliados de forma previa al debate en comisiones, entendiendo que sin estos acuerdos LLA no cuenta con la fuerza propia para avanzar.
Los números para el quórum
La Libertad Avanza dispone de 95 legisladores propios, por lo que requiere de 34 voluntades adicionales para alcanzar las 129 necesarias que permiten abrir el recinto y sancionar la ley. Para lograrlo, el oficialismo apunta a conseguir el apoyo de los bloques Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo, y La Nequinidad, que en conjunto aportan 36 bancas. Asimismo, no se descarta sumar el acompañamiento de al menos 4 diputados de Provincias Unidas, quienes hasta diciembre integraban las filas del PRO.
Los detalles de la reforma
El proyecto busca reflotar el propósito central de la ley aprobada en las sesiones extraordinarias: facilitar el blanqueo de los dólares «guardados en el colchón», una masa de divisas que se mantiene fuera del circuito por la persistente desconfianza en el sistema financiero. Se estima que el total de fondos sin declarar asciende a unos 170.000 millones de dólares.
Para incentivar la regularización, LLA propondrá abrir el acceso al régimen simplificado del impuesto a las ganancias. Hasta el momento, este beneficio estaba limitado de forma exclusiva a quienes registraran ingresos anuales de 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos.
Otro cambio normativo de peso se vincula con los controles fiscales. La legislación vigente establece que la ARCA iniciará revisiones cuando detecte discrepancias mayores al 15% entre los ingresos y los bienes declarados. El nuevo proyecto propone elevar ese piso de tolerancia al 30%.
El planteo del Peronismo
Por su parte, Unión por la Patria (UxP) pretende dar el debate en el recinto pero con el foco puesto en las Personas Políticamente Expuestas (PPE). La principal bancada opositora busca prohibir explícitamente que los funcionarios públicos y sus familiares directos puedan beneficiarse de este régimen de declaración simplificada.
Este reclamo tomó fuerza tras la polémica en torno al crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada. En este marco, la propuesta impulsada por el diputado Eduardo Valdés busca dejar asentado de forma taxativa que los funcionarios de los tres poderes del Estado queden excluidos del régimen simplificado de Ganancias.
