La investigación judicial por el fallecimiento de Mauro Daniel González avanzó de manera decisiva en los tribunales santafesinos. El fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, imputó formalmente a cinco efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I como presuntos coautores del delito de tortura seguida de muerte. Asimismo, un agente del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado bajo el cargo de vejaciones calificadas debido al grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
Durante la audiencia formal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló la extrema crudeza del procedimiento policial. Según la reconstrucción de la Fiscalía, los uniformados agredieron físicamente de forma brutal a González horas después de haber sido detenido, a pesar de que un familiar les advirtió explícitamente que el hombre se encontraba en un estado de salud delicado debido a una cirugía abdominal reciente. Esta información fue totalmente ignorada por los efectivos, quienes continuaron golpeándolo con puños y objetos contundentes como bastones o escopetas mientras la víctima ya se encontraba reducida y esposada en el suelo.
Golpiza letal y traslado sin asistencia médica
El trágico episodio comenzó la tarde del pasado 17 de enero en el barrio Yapeyú, concretamente en la intersección de las calles Chaco y Hermanos Figueroa, adonde el personal policial acudió tras un llamado que alertaba que González sufría una crisis subjetiva. La Fiscalía determinó que los agentes omitieron por completo pedir asistencia médica en ese instante y prefirieron aplicar una fuerza ilegítima, excesiva y desproporcionada. Las agresiones contra el hombre no se detuvieron allí, sino que continuaron tanto en el piso como durante su traslado en la caja de una camioneta oficial, provocándole al menos 20 lesiones visibles en todo el cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla.
La acusación remarcó, además, un ensañamiento posterior reflejado en el itinerario de detención. A pesar de las graves heridas y el estado de debilidad de González, los policías decidieron no llevarlo de urgencia a un hospital. En su lugar, realizaron paradas previas en una estación de servicio y en la sede de Medicina Legal, para terminar alojándolo en un calabozo de la Comisaría Octava. El hombre ingresó a la celda prácticamente inconsciente y allí falleció horas más tarde sin haber recibido ningún tipo de atención médica.
Próximos pasos en la justicia
La situación judicial para los acusados es sumamente comprometida de cara al desarrollo del proceso. Además del cargo principal de tortura seguida de muerte para los cinco miembros del Comando Radioeléctrico, uno de ellos afronta de manera paralela una investigación adicional por vejaciones, falsedad ideológica de instrumento público y daños.
El fiscal Ezequiel Hernández adelantó que la investigación penal continuará sumando elementos probatorios en los próximos días. Para garantizar que no existan entorpecimientos en la causa, el funcionario judicial confirmó que solicitará formalmente la prisión preventiva efectiva para los seis policías implicados durante la audiencia de medidas cautelares programada para el próximo miércoles.
