Hace poco más de un año, las imágenes del traslado de cientos de presos a una nueva prisión de máxima seguridad en El Salvador circularon alrededor del mundo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele había intensificado su ofensiva contra el crimen organizado y para ello había construido en siete meses una megacárcel con capacidad para encerrar a 40.000 personas.
La inauguración del «Centro de Confinamiento del Terrorismo» (CECOT) fue una instancia clave en la lucha contra las maras y el crimen organizado, la promesa con la que el presidente Bukele había ganado la presidencia. Para llevarla a cabo, en marzo de 2022, estableció el régimen de excepción que implicó la presencia masiva de militares y policías en la calle y permitió, entre otras cosas, las detenciones masivas sin orden judicial de presuntos miembros de bandas criminales.
La megacárcel de Bukele se construyó en un predio de 166 hectáreas, en una zona rural aislada a 74 kilómetros de la capital del país. Cuenta con una decena de pabellones que ocupa 23 hectáreas y aloja celdas de concreto reforzado con barrotes de acero, según informó en cadena nacional durante su inauguración el ministro de Obras Públicas y Transporte salvadoreño, Romeo Rodríguez.
La seguridad del CECOT está garantizada por un sistema de vigilancia de video y escáner para la revisión de quienes ingresan, y un muro perimetral de 11 metros de altura y más de 2 kilómetros de largo, protegido con alambrado electrificado y controlado de día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad está a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales.
La megaprisión de El Salvador cuenta con celdas de castigo, aislamiento y fábricas contra el ocio penitenciario, en donde Bukele aseguró que los detenidos “vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”.
Bukele y su modelo de seguridad se popularizaron rápidamente en la región y líderes de otros países se propusieron adoptar muchas de esas medidas para combatir el delito. Hace pocos días, la ministra de Seguridad de la Nación argentina, Patricia Bullrich, viajó a El Salvador y recorrió el centro penitenciario para interiorizarse en la política de seguridad del país y replicarla a nivel local. Esta fue también una de las promesas que la actual ministra había realizado en la campaña electoral de 2023, cuando competía por la presidencia contra Javier Milei, en representación del espacio Juntos por el Cambio.
Bukele prácticamente logró desmantelar a las maras que aterrorizaron a la población durante décadas pero al mismo tiempo avanzó sobre los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños, según denunciaron organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron las medidas del presidente (principalmente, las detenciones).
Según datos difundidos por Human Rights Watch (HRW) para las Américas, las autoridades de El Salvador encarcelaron a 78.000 personas (más del 1% de la población) desde que comenzó el régimen de excepción, entre ellos 2.800 niños, niñas y adolescentes. Todo ello, amparados en un régimen de excepción en el que además se denuncian vulneraciones a derechos procesales.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales del 4 de febrero, Bukele reunió el 82,7 % de los votos y renovó su mandato, lo que representa una muestra contundente del respaldo que reúne entre los salvadoreños.
