La reciente reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, oficializada mediante el Decreto 84/2026, ha provocado una ola de críticas en Santa Fe. Referentes del área denuncian que la normativa, lejos de resolver la crisis, ha sido «desvirtuada» al excluir los puntos más urgentes relacionados con el financiamiento y el acceso a la salud.
En diálogo con LT10, la abogada especialista Mariela Peña manifestó su profunda decepción frente a lo que calificó como una maniobra dilatoria del Ejecutivo nacional. “Uno esperaba una reglamentación acorde a lo ordenado por la Justicia y al arduo trabajo legislativo, pero lamentablemente los pilares centrales han quedado fuera”, advirtió la letrada.
Puntos grises y el conflicto judicial
Si bien Peña reconoció como un avance la diferenciación técnica entre pensiones por invalidez, vejez y protección social para personas con discapacidad —una distinción jurídica largamente reclamada—, señaló que el vacío sobre cómo se financiarán estos beneficios persiste.
Entre las principales críticas de la especialista se destacan:
- Falta de financiamiento: No se reglamentó la fuente de recursos ni la reorganización del sistema.
- Dilación administrativa: La puesta en marcha depende de una reunión del Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) en 30 días, lo que Peña interpreta como una forma de «patear la pelota para adelante».
- Judicialización: Ante este escenario, los abogados involucrados en el amparo preparan nuevos escritos para denunciar ante el juez que el decreto no cumple con el espíritu de la ley.
Crisis prestacional: aranceles y deudas con ARCA
Uno de los reclamos más fuertes gira en torno al Nomenclador de Prestaciones. La ley establecía una actualización automática por IPC y una compensación de emergencia para cubrir el desfase de 2024, artículos que también fueron omitidos en la reglamentación.
Además, Peña cuestionó la disposición de pagar compensaciones solo tras descontar deudas impositivas con la agencia de recaudación (ARCA). “Es ilógico: el Estado asfixió a las instituciones por no actualizar los pagos y ahora les exige que primero paguen sus deudas fiscales para recibir lo que les corresponde”, graficó la abogada, sugiriendo que se debería ofrecer un plan de pagos a las ONG para destrabar la situación.
