El Gobierno nacional busca alcanzar un acuerdo con las universidades públicas para destrabar el conflicto por el financiamiento educativo y avanzar en las negociaciones por el Presupuesto 2027. La Casa Rosada analiza alternativas para acercar posiciones con los rectores, en un escenario marcado por las diferencias presupuestarias, los reclamos del sector y una disputa judicial todavía abierta.
Dos alternativas sobre la mesa
Entre las opciones que evalúa el Ejecutivo se encuentran aumentar las partidas destinadas a las universidades o modificar el régimen de contribuciones patronales que afrontan determinadas instituciones. Por el momento, no hay una propuesta definitiva, aunque el objetivo es encontrar una fórmula que permita reducir las tensiones sin comprometer el equilibrio fiscal.
Uno de los principales obstáculos es la diferencia entre los fondos previstos en el proyecto oficial y los recursos que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según la información publicada por Diario Panorama, el Gobierno contempla alrededor de $7,7 billones para el sistema universitario en 2027, mientras que las autoridades universitarias solicitan cerca de $11 billones. La brecha ronda los $3,3 billones.
La intención oficial es negociar un monto intermedio que permita atender parte de las demandas de las universidades y, al mismo tiempo, conseguir los respaldos necesarios en el Congreso para avanzar con el proyecto presupuestario.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
Las negociaciones también están atravesadas por la disputa en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización de los recursos y recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.
Mientras el Gobierno cuestiona el impacto fiscal de la norma y busca modificar el esquema vigente, las autoridades universitarias reclaman que se cumplan las obligaciones establecidas por la ley. La controversia llegó a la Justicia y continúa siendo uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes.
En este contexto, la Casa Rosada considera que un entendimiento presupuestario podría contribuir a encauzar el conflicto y reducir la posibilidad de nuevas movilizaciones. Sin embargo, todavía debe definir qué modificaciones está dispuesta a aceptar y qué alcance tendría una eventual propuesta.
El equilibrio fiscal, el límite del Gobierno
La búsqueda de un acuerdo se desarrolla en medio de las negociaciones políticas que el oficialismo mantiene para conseguir respaldo legislativo al Presupuesto 2027.
Dentro del Ejecutivo sostienen que cualquier concesión deberá respetar el equilibrio fiscal, una de las principales directrices económicas de la administración de Javier Milei. Al mismo tiempo, reconocen la necesidad de acercar posiciones con los bloques parlamentarios y con los sectores involucrados en los reclamos presupuestarios.
Por ahora, no hay un acuerdo cerrado con las universidades. Las próximas negociaciones serán determinantes para establecer si el Gobierno aumenta los fondos previstos, modifica las contribuciones patronales o combina ambas alternativas para intentar resolver el conflicto antes de que finalice el año.
