La llamada "hidrovía Paraná Paraguay" es el sistema de navegación canalizada a lo largo de los cursos de los ríos Paraguay y Paraná, así como en algunos de sus afluentes seleccionados (vía de navegación troncal). El objetivo principal de este proyecto radica en la viabilidad de habilitar el tráfico constante, los 365 días del año, de embarcaciones de bajo calado, pero de gran capacidad de carga, con un enfoque en el transporte de minerales, combustibles y productos agrícolas como principales mercancías. (mercado exportador)
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Por aquí se comercializa el 80% de productos oleaginosos de nuestro país. Entre otras cosas.
En 1995, durante el Gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), que encaró un proceso de privatización de las empresas públicas y achicamiento del Estado, la traza en cuestión comenzó a ser concesionada a un consorcio integrado por una empresa multinacional de origen belga, Jan de Nul, y una local, EMEPA. El contrato se renegoció en 2002.
Con esto, se desarmó toda la estructura portuaria que tenía el Estado argentino, para pasar a ser puertos privados. Se desarma la flota naviera comercial que tenía y pasa a ser un territorio absolutamente privatizado. Lo que facilita también el tráfico de mercadería "no legal”, ya que no hay control estatal sobre los mismos.
En agosto de 2020, el Gobierno nacional junto a las provincias de Buenos Aires (este), Chaco (norte), Corrientes (noreste), Entre Ríos (este), Formosa (norte), Misiones (noreste) y Santa Fe (centro) logró se firmara: el Acuerdo Federal Hidrovía, para lo que se creó un consejo federal para el desarrollo de políticas públicas y una Sociedad del Estado para su gestión.
Según el estatuto del acuerdo, la sociedad administradora tenía la obligación de realizar por sí misma o por terceros las obras y proyectos necesarios para el desarrollo de la hidrovía en toda la extensión del sector argentino, así como cualquier nuevo desarrollo en otras vías navegables de interés de la nación o de las provincias que la integren. Pero esto ha quedado atrás frente a la decisión de este acuerdo.
Esta "vía navegable" es la principal herramienta para los agronegocios y la exportación de productos derivados de "negocios basados en políticas extractivistas”, que nos alejan no sólo de la soberanía, sino de la sustentabilidad.
Con este acuerdo, el gobierno de "La Libertad Avanza" asegura la libre circulación en el tramo argentino con presencia militar estadounidense. Mi pregunta es: ¿quién habilita y para quiénes?
Este complejo además tiene foco en la ciudad santafesina de Rosario, donde justamente la violencia narco y el crimen organizado se apoderan de las calles. ¿Es esto casual?
La soberanía sobre el territorio es muy necesaria, para solucionar los problemas sociales y económicos que de aquí derivan.
Además, queda un capítulo largo por contar e importante, como es el de: la EVASIÓN FISCAL que se aseguran "algunos privilegiados" (yo diría castas) que mercadean allí.
Esta evasión por falta de control, también perjudica el objetivo de: "déficit cero" que persigue el gobierno de Milei.
Opinión de Natali Bedini – 11/3/2024
