El Estado nacional podría afrontar un pago cercano a US$10 millones en honorarios para los abogados de Cristina Kirchner y otros acusados, luego de que quedara sin efecto una demanda civil iniciada por Vialidad Nacional. La cifra, que alcanza los $13.614 millones, fue establecida en el marco de un expediente que terminó por falta de impulso procesal.
El caso se originó en una demanda civil promovida por Vialidad contra la expresidenta y otros involucrados. El organismo estatal dejó de avanzar con el reclamo y la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia, dando por terminado el proceso. A partir de esa resolución, los abogados de los acusados y de quienes fueron absueltos solicitaron que se regularan sus honorarios por el trabajo realizado durante el expediente.
En total, la suma regulada corresponde a doce abogados y representa unos US$10 millones al tipo de cambio tomado como referencia en el expediente. Uno de los montos más importantes corresponde al abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, cuyos honorarios fueron fijados en alrededor de $3.714 millones, equivalentes a unos US$2,42 millones.
En el caso de Cristina Kirchner, sus abogados Luis Goldín y Fernando Muriel también reclamaron el pago de los honorarios correspondientes a su intervención en el juicio. El 4 de agosto se presentaron ante la Corte Suprema y plantearon que existía una situación de «privación de justicia» debido a la demora en resolver el reclamo.
Sin embargo, el pago todavía no está firme. Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si mantiene la caducidad del proceso o si hace lugar al planteo del organismo para intentar revertir la decisión. Mientras el máximo tribunal no resuelva la cuestión, el desembolso de los honorarios permanece sujeto al resultado de esa disputa judicial.
De esta manera, una causa civil que había sido iniciada para reclamar por presuntos perjuicios económicos derivados de las irregularidades investigadas en la obra pública terminó generando un nuevo frente económico para el Estado, con una cifra millonaria que todavía debe ser definida en forma definitiva por la Justicia.
