La Cámara de Apelaciones de Rosario le dio un revés a la fiscal Cristina Ferraro al ratificar las imputaciones realizadas en su contra por la Fiscalía federal, en el marco del Caso Oldani, donde la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación aparece como sospechosa de haber liberado la escena del crimen del empresario Hugo Oldani.
La imputación estuvo a cargo del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, provisoriamente a cargo del Juzgado N°2 de Santa Fe. Lo que la Justicia intenta determinar es el desempeño de la fiscal durante la nohce del asesinato, cometido el 11 de febrero de 2020.
Aquel día, Hugo Oldani fue asesinado en su local comercial, ubicado en la galería Rivadavia. El crimen provocó una conmoción en la ciudad: ocurrió a plena luz del día, en el microcentro santafesino. Oldani era un conocido empresario que administraba la firma "Oldani Turismo" que, en realidad, funcionaba como fachada de una cueva cambiaria.
Su homicidio dio inicio a tres causas judiciales. En la primera, que investiga su muerte, hubo tres condenas y dos personas con prisión preventiva. En la segunda, hay diez imputados por el delito de "intermediación financiera no autorizada", vinculada al funcionamiento de la firma como una "cueva".
La tercera puede tener consecuencias institucionales graves: aquí aparece imputada Ferraro. ¿Por qué? Era la encargada de preservar la escena del crimen, donde se habían encontrado 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares. Pero hizo todo lo contrario: ordenó levantar la custodia y acompañó, personalmente, a los familiares de Oldani al lugar, que se retiraron con dos bolsos, una mochila y una caja azul. El dinero nunca apareció.
Ferraro fue citada a indagatoria por el juez Villafuerte Ruzzo, requerimiento del que se abstuvo de hacer declaraciones. Quien sí habló fue su abogado, Néstor Oroño, que no desconoció lo innegable: la desaparición de una fortuna que estaba bajo custodia de su defendida. "Una cosa es la autorización para ingresar al lugar y otra es la autorización para retirar efectos que había en el lugar. Habrá que esclarecer si autorizó o no el retiro del dinero", afirmó.
"Encubrimiento y abuso de autoridad"
La fiscal Ferraro está acusada de haber autorizado ilegítimamente la desaparición de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera y documentación que constituían "rastros, pruebas e instrumentos de un ilícito precedente", el de "intermediación financiera no autorizada", por el que están imputados, entre otros, Virginia Oldani y María José Calle, dos de las personas que retiraron dinero del lugar.
Por otra parte, se acusa a Ferraro de "abuso de autoridad" al haber intentado cubrir sus propios actos aprovechando estar al frente de la investigación. Para el juez Villafuerte Ruzzo, hubo acciones que apuntaron a desviar cualquier información vinculada con el dinero que desapareció, y un deliberado ocultamiento de los registros fílmicos y declaraciones testimoniales que en su momento denunció su colega en el MPA, Mariela Jiménez.
"Hay que sacar los dólares"
Tras el ataque a Oldani, y mientras aún peleaba por su vida, una de las principales preocupaciones del círculo familiar vinculado a la "cueva" era retirar el dinero del lugar. "Yo estoy acá en la galería y la policía seguramente va querer entrar, este… y algo tenemos que hacer para que no vean todo atrás, o sea como para no empeorar la situación”, es el audio que José Luis Hernández (yerno de Oldani) le envió a María José Calle, empleada de lo que, en apariencia, era una agencia de viajes.
La respuesta de Calle fue la siguiente: "Fíjate si encontrás la llave del Hugo por ahí, para meter todo lo que puedas en la caja fuerte y cerrala con llave, y de ultima la llave de la caja fuerte no la tiene nadie como para que no vean más nada. Sino, nosotros lo que hacemos para esconder a veces es meterla en cajas de archivos, como para que no se sepa que es plata, que son papeles de los que tenemos archivado. Si podés algo de eso, sino yo estoy yendo, no creo que me dejen… no creo que me dejen, que nos dejen sacar nada, pero por lo menos escondemos. Ya, ya llego, en 10 minutos llego”.
Calle luego se comunicó con su esposo, Diego Medera. "Después vemos cuando se vaya la policía si podemos entrar". "Hay que sacar esta noche todo los dólares… porque mañana traen una orden", respondió Medera.
Las irregularidades
El homicidio de Hugo Oldani fue el 11 de febrero de 2020, aproximadamente a las 18 horas. A las 23:56 del mismo día, la fiscal Ferraro junto a Virginia Oldani (hija de Hugo), José Luis Hernández (esposo de Virginia) y Diego Medera (esposo de María José Calle, empleada de Oldani) se hicieron presentes en el local, para una "inspección ocular" sin testigos, que fue registrada en video por la policía. Allí, en el fondo del lugar se divisó "una cavidad en una estantería improvisada de madera" con "una gran cantidad de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera". También una caja de seguridad con tapa de color naranja que, llamativamente, no fue registrada.
El procedimiento culminó a las 0:57 ya del 12 de febrero. Se colocó una faja de seguridad en la puerta del local. Pese a eso, ingresaron Virginia Oldani, José Luis Hernández, María José Calle, Diego Medera y Virginia Venetucci, una abogada que se desempeñaba en ese momento en el Ministerio de Seguridad. Siete minutos después se retiraron, en presencia de la fiscal Ferraro, con bolsos, una mochila y una caja azul. ¿El dinero? Desapareció.
Las declaraciones de Virginia Oldani no dejan lugar a dudas: "Fui con mi marido a retirar el dinero, porque la fiscal Cristina Ferraro nos autorizó a retirar todo lo de valor. Después de que finalizó eso entré con mi marido y cargamos todo el dinero en una mochila y dos portafolios que se encontraban en los estantes.” Su esposo dijo exactamente lo mismo: "Fui con mi esposa a retirar el dinero porque la fiscal que lleva el caso autorizó para que se retirara todo el dinero y elementos de valor, por lo que ingresamos con mi esposa y guardamos el dinero que se encontraba en la oficina de Hugo, en una mochila y una caja azul".
¿Cuánto dinero se llevaron? No se sabe, porque no se contó y porque además no se registró el contenido de la caja fuerte color naranja que se muestra en esta nota. Sin embargo, un análisis de la foto llevada adelante por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina determinó que había 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares.
La maniobra, burda y a la vista de todos, provocó que la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, elevara un informe al fiscal regional, Carlos Arietti, ante la enorme cantidad de irregularidades que se cometieron en las horas posteriores al asesinato de Oldani, con una protagonista excluyente: la fiscal Ferraro.
Allí queda claro que "la custodia policial" afectada a la escena del crimen fue levantada por orden de Ferraro. En su escrito, Jiménez sostiene que "al momento de relevar la escena del hecho, Virginia Oldani se opuso a la apertura de la caja de seguridad, la cual no fue abierta". Que "en el lugar se encontraba gran cantidad de dinero en moneda nacional y extranjera, el que no fue ni contado a fin de determinar su cantidad ni secuestrado".
Lo insólito es que tres días después de presenciar cómo los familiares de Oldani se habían llevado el dinero del lugar, Ferraro solicitó al Ministerio de Seguridad personal para confeccionar un "inventario de la documental, dinero y efectos que se encontraban en la escena". Eso se concretó el 17 de febrero: sólo fue hallado un billete de cien dólares y la caja fuerte "sin medidas de seguridad".
"Cabe destacar que el hecho de que la escena se viera alterada por el faltante de dinero no fue comunicada a la suscripta por la Dra. Ferraro pese a conocer que me encontraba a cargo de una investigación vinculada al homicidio de Oldani", escribió Jiménez, quien además en varias ocasiones hace referencia a la "reticencia" que hubo para entregarle información: puntualmente, los registros fílmicos que prueban su presencia en el lugar en el momento en el que el dinero desaparece.
Hubo, además, una serie de disputas entre la justicia federal, que quería tomar intervención en el hecho tras una denuncia presentada por el entonces Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y la justicia provincial, que quería mantenerla bajo su órbita, sin demasiados argumentos a favor.
El enfrentamiento llegó a tal punto que el fiscal federal, Walter Rodríguez, le envió una nota al gobernador, Omar Perotti, que tomó estado público: "Solicito su intervención como consecuencia de haber agotado todos los medios a mi alcance para lograr la remisión de distintas evidencias recogidas por el MPA en casos específicos, que incluye un infructuoso pedido de colaboración dirigido al secretario de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Héctor Gabriel Somaglia, respecto del cual no tuve respuesta", escribió en agosto de 2020. A partir de ahí, toda la información que se le había negado, le llegó. Hoy hay diez imputados por la "cueva" financiera.
Fuente: Santa Fe Plus
