El Congreso nacional se prepara para una nueva disputa de alto voltaje político. El presidente Javier Milei tiene plazo hasta el 4 de agosto para vetar formalmente la nueva fórmula jubilatoria y la ley que declara la emergencia en discapacidad, aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. En ese contexto, La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores comienzan a contar votos con vistas a una próxima sesión en la Cámara de Diputados.
Desde el oficialismo anticipan que, una vez aplicado el veto, convocarán a una sesión para sostenerlo en el recinto. Para eso, necesitan al menos un tercio de los votos presentes. En una sesión con asistencia plena (257 diputados), ese número asciende a 87 votos. LLA cuenta con 39 propios y dos aliados fijos (CREO y Somos Fueguinos), por lo que parte con 41 votos asegurados. La estrategia se enfoca en sumar apoyos de:
Al menos 33 de los 35 legisladores del PRO, partido que mostró divisiones en la última votación.
6 radicales cercanos al oficialismo, nucleados en la Liga del Interior.
3 del MID, dos ex macristas santafesinos y 6 diputados de la UCR.
También intentarán recuperar votos de legisladores que estuvieron ausentes o se abstuvieron, y sumar a radicales de Mendoza y Chaco tras los recientes acuerdos electorales.
La oposición busca otro revés para el Gobierno
Mientras tanto, la oposición trabaja para reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto. El bloque de Unión por la Patria (UxP), junto a Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, avanza en su estrategia parlamentaria con una agenda más amplia.
Antes del debate por el veto, apuntan a sancionar proyectos con media sanción del Senado como:
La emergencia del Hospital Garrahan.
El financiamiento universitario.
La reforma del impuesto a los combustibles.
La distribución de ATN para provincias.
Para avanzar, necesitarán el acompañamiento de los bloques provinciales, que aguardan una definición política por parte de los gobernadores dialoguistas, hoy en el centro de la escena.
Impacto fiscal: el argumento del Ejecutivo
El Gobierno sostiene que no dispone de fondos suficientes para sostener los incrementos sin comprometer el equilibrio fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC):
La nueva fórmula jubilatoria, el bono y la compensación a cajas provinciales tendrían un impacto del 0,79% del PBI.
Las medidas fiscales propuestas para compensar el gasto cubren apenas el 40%.
Respecto al proyecto de emergencia en discapacidad, la OPC estima un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según el número de altas previstas para 2025.
El desenlace de este conflicto legislativo depende, en gran parte, de cómo se alineen los bloques provinciales y qué instrucciones bajen los gobernadores. La sesión —que el oficialismo planea convocar en los primeros quince días de agosto— podría ser una prueba de fuego para la capacidad de articulación política del Gobierno y, también, para la unidad de la oposición.
Con el calendario apretado y las tensiones en alza, el Congreso se prepara para una definición clave sobre el rumbo económico y social del país.
Con información de UNO Santa Fe
