Antes de la audiencia clave en Nueva York por la causa YPF, la defensa argentina solicitó extender hasta el 21 de noviembre el plazo para cumplir con la orden judicial.
A pocas horas de vencer el plazo fijado por la justicia de Estados Unidos, el Gobierno argentino pidió una prórroga de tres semanas para entregar los chats y correos electrónicos de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Economía a la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante el caso por la expropiación de YPF.
La solicitud se presentó en el marco del proceso de “discovery”, una instancia en la que los demandantes buscan identificar activos argentinos susceptibles de embargo para cobrar los US$16.000 millones que el país fue condenado a pagar en septiembre de 2023 por decisión de la propia Preska.
La magistrada había ordenado que la entrega de la información se realizara antes de este jueves 30 de octubre, y advirtió que el incumplimiento podría acarrear sanciones, como medidas de desacato o inferencias adversas contra la Argentina.
En un escrito presentado a última hora del martes, la defensa argentina informó que solicitará la cooperación de más de 30 funcionarios y exfuncionarios para que entreguen el contenido de sus dispositivos móviles. Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el documento también incluye el pedido formal para postergar el plazo de entrega hasta el 21 de noviembre.
Los demandantes —encabezados por el fondo Burford Capital— buscan determinar si empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría avanzar sobre sus activos para saldar la millonaria sentencia.
Durante una audiencia realizada a principios de octubre, los abogados de los demandantes aseguraron que los funcionarios argentinos utilizan teléfonos y chats personales para tratar asuntos oficiales, y pidieron acceder a esas comunicaciones como parte de la investigación. Preska aceptó el planteo y ratificó la orden para que la Argentina entregue los mensajes y correos de los involucrados.
El nuevo pedido del Gobierno busca ganar tiempo antes de la audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde el país intentará revertir la condena por la expropiación de YPF, considerada una de las más costosas en la historia judicial argentina.
